El histórico fallo de la Corte Suprema aún enfrenta desafíos cruciales en su ejecución, según informes de organizaciones ambientales y sociales.

El 8 de julio de 2008 marcó un hito con el fallo «Mendoza» de la Corte Suprema, que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, comprometiendo al Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, solo el 40% de las relocalizaciones habitacionales han sido completadas, dejando a muchos expuestos a riesgos ambientales.

Las organizaciones integrantes del Cuerpo Colegiado, encargado de supervisar el cumplimiento del Plan de Saneamiento, han expresado preocupaciones sobre la falta de avance en las obras y el deterioro de la estructura de supervisión. A pesar de las metas establecidas para mejorar la calidad de vida y recomponer el ambiente, las obras como el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes y la expansión de servicios básicos siguen pendientes.

Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca las deficiencias en la protección de niños y adolescentes frente a la contaminación, subrayando la necesidad de medidas integrales y preventivas. Además, la falta de presupuesto y la inflación actual han limitado aún más las acciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Ante este panorama, el Cuerpo Colegiado ha solicitado una audiencia pública con la Corte Suprema para evaluar el cumplimiento de las mandas judiciales y buscar soluciones efectivas. La convocatoria incluirá a expertos en diversas disciplinas y representantes de la comunidad afectada, buscando aportar nuevos enfoques y recursos para avanzar hacia una verdadera política de Estado en el saneamiento del Riachuelo.