El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes en San Pablo su primera jornada de trabajo con su equipo de transición para poder rehacer con el actual Congreso el presupuesto 2023 que había sido enviado con un fuerte ajuste social por el mandatario Jair Bolsonaro, en medio de la danza de nombres de sus futuros ministros, sobre todo en Economía, y la preparación de su viaje a Egipto para la cumbre de cambio climático de la ONU para la semana que viene.
En ese marco y con Bolsonaro sin agenda oficial desde este lunes hasta el viernes, los simpatizantes del actual gobernante que obstruyeron rutas y atacaron a tiros y a piedras a la policía caminera que intentó desbloquearlas, mantenían todavía menos de 10 protestas de ese tipo en todo el territorio nacional, reclamando un golpe militar para evitar la asunción de Lula.
Aunque no se anunció oficialmente, el gobierno electo acordó que el líder del PT deberá viajar después del 16 de noviembre a Egipto, ya que fue invitado a participar como presidente electo de la cumbre de cambio climático COP27, a la cual Brasil acudirá oficialmente con su ministro próximo de Medio Ambiente, Joaquim Leite.
Según el portal UOL, Bolsonaro calificó como «usurpador» a Lula por aceptar ir a la cumbre de un tema en el cual el ultraderechista es visto como un enemigo del movimiento ambientalista y climático.
Estas negociaciones son lideradas por elexcanciller Celso Amorim, quien ya conversó con el canciller de Bolsonaro, Carlos França. El equipo de política exterior de Lula busca frenar designaciones de último momento de diplomáticos alineados con el bolsonarismo en organismos internacionales y embajadas.
En San Pablo, Lula se reunió con tres candidatos del ala política a ministros de Economía, el exintendente paulista y candidato derrotado a la gobernación de ese estado, Fernando Haddad; el senador electo y exgobernador de Piaui Wellington Dias, y el diputado federal y exministro de Salud Alexandre Padilha.
El presidente electo negoció con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar a 21 millones de familias el programa Bolsa Familia, un subsidio equivalente a 120 dólares.
El presupuesto enviado por Bolsonaro no tenía previsto la continuación de esa ayuda social ni la del programa Farmacia Popular para jubilados.
La negociación deberá abrir un espacio fiscal de 23.000 millones de dólares para cumplir las promesas de campaña pero con una jugada de riesgo: ceder ante las presiones del Centrao, tal cual lo adelantó el Partido Progresista.
El PP es del jefe de gabinete de Bolsonaro, Ciro Nogueira, quien prometió fidelidad al excapitán pero parte de su partido ya se sentó a negociar el apoyo a los proyectos sociales de Lula.
Según la prensa local, el Congreso pide a cambio a Lula mantener parte del llamado «presupuesto secreto», el uso de partidas que son usadas con discrecionalidad por parte de algunos parlamentarios para llevar recursos directamente a sus municipios, sin participación ni planificación del Ejecutivo, un modelo adoptado por Bolsonaro para protegerse desde 2020 de un posible juicio político.
Por otra parte, el PT prepara un «decretazo» para la primera semana de gobierno a fin de revocar medidas tomadas por Bolsonaro, como el secreto de 100 años a los gastos de tarjeta de crédito. informaciones de su familia y visitas al Palacio del Planalto, la restricción a la lucha contra delitos ambientales y la flexibilización para que los civiles compren armamento sin control.
