El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad busca garantizar el acceso a productos menstruales y educación sexual integral a través de los gobiernos locales
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, Ayelén Mazzina, lideró el lanzamiento del Programa Nacional MenstruAR, una iniciativa que busca enfrentar la desigualdad menstrual y fortalecer la gestión menstrual en todo el país. El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa Patria Grande, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la participación de más de 60 promotoras y promotores territoriales, así como autoridades de género y diversidad de distintas provincias y localidades.
El Programa MenstruAR consolida y jerarquiza la Línea de Gestión Menstrual, que fue instaurada en marzo de 2022 como parte de la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad. Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ya ha capacitado a más de 1500 personas de 27 localidades en todo el país y ha entregado más de 10 mil copas menstruales.
El objetivo central del Programa es garantizar el acceso a insumos para la gestión menstrual a través del fortalecimiento de los programas municipales que trabajan en esta área. Para lograrlo, se proporcionan productos menstruales a los gobiernos locales junto con formación y talleres sobre gestión menstrual y educación sexual integral en ámbitos comunitarios.
La ministra Ayelén Mazzina resaltó la importancia de esta iniciativa al convertir en política pública una línea de acción que ya estaba presente en diferentes regiones del país. «Con la creación del Programa MenstruAR, transformamos en política pública una línea de acción que se viene impulsando en todo el país, para igualar el acceso a la gestión menstrual, a la información, a la salud», afirmó Mazzina. Además, enfatizó en la necesidad de abordar el tema menstrual sin tabúes ni obstáculos, y en la importancia de ampliar los derechos y las oportunidades para todas las personas menstruantes.
El Programa Nacional MenstruAR representa un paso significativo en la lucha por la igualdad menstrual en Argentina. A través de la cooperación con los gobiernos provinciales y locales, se busca promover la equidad y el bienestar menstrual, eliminando barreras y brindando información y acceso a productos necesarios para una gestión menstrual digna y libre de estigma. Con el compromiso de las autoridades y la participación activa de la sociedad civil, se espera lograr una transformación profunda en la forma en que se aborda la menstruación en el país.
Gestión menstrual como derecho
La gestión adecuada de la menstruación tiene un costo que no todas las personas pueden afrontar. En ocasiones, la falta de recursos impide la asistencia a establecimientos educativos, de salud, laborales o deportivos, profundizando la desigualdad y acrecentando las brechas de género.
El estudio realizado evidencia que la relación entre el cuidado del ambiente y la gestión de la menstruación es uno de los aspectos de mayor desconocimiento. Apoyar desde el Estado las opciones sostenibles y respetuosas con el ambiente, generando mecanismos que faciliten la confección de productos de gestión menstrual sustentables, podría ser una de las alternativas posibles para abordar esta problemática.
Según datos del informe “Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual”:
En Argentina, más de 12.000.000 de personas menstrúan.
El 60 % de las personas encuestadas utiliza toallitas descartables. Estos productos, junto con los tampones (15 %), son los elegidos por el 75 % de la población.
Entre el 40 % y el 50 % desconocen los efectos secundarios que tiene sobre la salud el uso de toallitas y tampones, como también su impacto ambiental.
Más del 95 % de las personas considera que el Estado debería eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual, así como también distribuirlos de forma gratuita en escuelas, cárceles y centros comunitarios.
El 43 % se vio en la necesidad de modificar sus hábitos en el uso de estos productos por motivos económicos.
En algunos casos, esta situación implica además un riesgo de exclusión: con frecuencia, algunas personas han limitado su participación en distintas actividades tanto recreativas (50 %) como educativas (35 %) y laborales (22 %) durante el ciclo.
