En la tarde de ayer, el Gobierno de Bolivia denunció a través de una conferencia de prensa con las máximas autoridades de la Cancillería, que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata» y que dejaron un saldo de más de una treintena de manifestantes muertos por la represión del gobierno de facto que había asumido.
El mensaje estuvo acompañado por la publicación de una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío.
El gobierno de @mauriciomacri proveyó por debajo “material bélico” al régimen de facto de @JeanineAnez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza.
— Rogelio Mayta (@RogelioMayta_Bo) July 9, 2021
Las masacres de #Sacaba y #Senkata no pueden quedar en la impunidad. pic.twitter.com/8UnTodJVDK
En la carta firmada por Jorge Terceros hacia el embajador argentino de ese entonces, Normando Álvarez García, se lee como fue el agradecimiento hacia el Gobierno de Mauricio Macri. También hizo un «recibo» de recepción de las municiones letales con las que ese gobierno contribuyó. Entre ellas hay:
-40.000 cartuchos AT12/70
-18 gases lacrimógenos en Spray Mk-9
-0.5 gases lacrimógenos en Spray Mk-4
-50 granadas de Gas CN
-19 granadas de Gas CS
-52 granadas de Gas HC
La carta del Presidente Argentino
Alberto Fernández, por su lado, lamentó la «colaboración» de Macri con las fuerzas militares de Bolivia que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Morales, y dijo sentir «dolor» y «vergüenza».
La siguiente es la carta de Fernández a Arce Catacora:
«Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces Embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales».
«Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país».
«Estos hechos están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
«Guardo para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas».
«Nuestras democracias están fuertes. Tenemos que seguir trabajando para consolidarlas. Con el respeto y afecto de siempre. Sinceramente», concluye la misiva, con la firma del mandatario argentino.
Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de #Argentina, Mauricio Macri, al Golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de #Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales. pic.twitter.com/7bG0G9uBOv
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 9, 2021
Las masacres de Sacaba y Senkata
Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenara la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.
Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 «cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves», informó La Razón, de Bolivia.
Recordó que «cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos».
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.
En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.
Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.
