El proyecto oficial, que busca permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en operativos de control y detenciones en territorio nacional bajo la amenaza de terrorismo, genera gran controversia y debate.
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha presentado un polémico proyecto de reforma a la ley de Seguridad Interior que propone habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar patrullajes, controles y detenciones dentro del país. Esta reforma, que modifica el artículo 27 de la ley 24.059, permitiría a los militares actuar en situaciones de emergencia asociadas con amenazas terroristas, un rol que no han desempeñado desde el retorno de la democracia en 1983.
El proyecto, que ha sido firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, establece que las Fuerzas Armadas podrían intervenir en el control de personas, vehículos, y edificios, además de efectuar detenciones. La justificación del Gobierno se centra en la necesidad de un enfoque integral frente a amenazas terroristas, argumentando que la medida evitaría la declaración de un estado de sitio.
Sin embargo, la reforma ha suscitado críticas por su potencial para aumentar la represión y vulnerar derechos humanos. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación sobre cómo esta ley podría ser utilizada para justificar la represión de manifestaciones y el control excesivo de la población. Además, la iniciativa ha sido cuestionada por no definir claramente qué constituye una amenaza terrorista ni los criterios para aplicar estas medidas.
El proyecto aún no ha sido girado a las comisiones de Diputados correspondientes, pero su discusión está en agenda. Mientras tanto, la iniciativa continúa generando un intenso debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles en Argentina.
