El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumple este jueves un año en el poder en medio de una incesante ofensiva de los opositores, de denuncias e investigaciones fiscales por supuesta corrupción y de dudas sobre lo que será su futuro en el corto y el mediano plazo.
Los ojos y oídos de los peruanos están puestos en lo que dirá Castillo el jueves en su discurso anual en el Congreso, pero también en lo que pueda decir en su contra el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, supuesto orquestador de la red de corrupción y quien se entregó en las últimas horas tras varios meses en la clandestinidad.
Según observadores y actores políticos, de los dichos de Pacheco podría depender en parte el futuro del mandatario, quien desde que asumió el poder, e incluso desde antes, ha sido blanco de una intensa campaña de sus opositores, en especial de los tres partidos de derecha “dura”: Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP).
Con una popularidad que según los sondeos apenas bordea el 20%, Castillo, quien llegó a la presidencia de la mano del partido marxista leninista Perú Libre (PL) -al que renunció-, ha tenido en sus acérrimos rivales a involuntarios aliados, pues, coinciden analistas, al ser aún más rechazados por la opinión pública pierden eficacia en su ofensiva.
El resultado del año apunta a lo que el politólogo Paolo Sosa llama un “empate catastrófico” entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha llevado al país a un entrampamiento que dificulta la adopción y ejecución de políticas públicas para enfrentar la delicada coyuntura económica y social.
“El Congreso no se quiere ir y el presidente tampoco y quienes vamos a perder somos nosotros (la población)”, señaló en el portal Ojo Público la politóloga Serly Figueroa, quien tiene sede en Cusco, ciudad que como otras varias de los Andes apoyó masivamente en las elecciones a Castillo.
Tras un año en el que Castillo contribuyó a su desgaste con “errores no forzados” en la designación de funcionarios y la falta de transparencia, según se coincide incluso en el oficialismo, son pocos los dispuestos a apostar que el mandato llegue hasta 2026.
Castillo, profesor de escuela rural de 52 años sin experiencia política previa, tuvo que enfrentar ya dos intentos de destitución en el Congreso, que fracasaron porque FP, RP, Avanza País y eventuales aliados individuales no llegaron a los 87 votos (de 130) necesarios.
Los problemas para el mandatario comenzaron desde el momento en que, contra todo pronóstico, ganó la primera vuelta electoral y avanzó para enfrentar en la segunda a Keiko Fujimori, de FP, quien tenía a favor a prácticamente todo el aparataje político y mediático de Lima.
La campaña contra un Castillo al que se llamaba “comunista” y se descalificaba con comentarios muchas veces llenos de racismo y clasismo no dio resultado, pues ganó el balotaje por una exigua diferencia, en medio de denuncias de un fraude del que nunca surgió la más mínima prueba.
Apenas se posesionó el nuevo presidente, FP, RP y Avanza País orquestaron en forma explícita intentos de sacarlo y de llevarse de paso a su vicepresidenta, Dina Boluarte, eventual sucesora en caso de destitución.
También hubo decisiones de Castillo que jugaron en su contra. La primera, en opinión de analistas, fue colocar como jefe de gabinete ministerial a Guido Bellido, un dirigente de PL de carácter confrontativo que apenas dos meses después le tuvo que dejar su sitio a una política de izquierda más moderada, Mirtha Vásquez, en un intento -frustrado- de aplacar ánimos.
Incluso desde sectores socialistas le reprochan a Castillo sus errores para designar funcionarios. La utilización en un año de más de 50 ministros da señal de ello. Los escándalos por supuesta corrupción y/o ineptitud de los titulares de cartera han sido una constante.
El Ejecutivo, en ese marco, tuvo problemas para imponer una agenda en un escenario complejo derivado de la pandemia, el costo de vida, la inseguridad, el desempleo y la amenaza de crisis alimentaria. El Legislativo, empeñado en la obstrucción, tampoco aportó en esa vía.
Las denuncias por supuesta corrupción tuvieron una presencia constante. Aunque casi todos los presidentes recientes de Perú han estado en casos similares, Castillo es el primero al que se le abren investigaciones fiscales cuando aún está en funciones. Y no una, sino que ya van cinco.
