Cuatro implicados en la defraudación de 153 millones de pesos a través de planes sociales accedieron a testificar contra altos cargos del anterior gobierno.

El escándalo de corrupción que sacudió al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén avanza hacia una nueva fase, con varios de los imputados llegando a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio a cambio de su colaboración como testigos. La maniobra fraudulenta, que implicó una estafa al estado provincial por 153 millones de pesos, se centra en la administración de Omar Gutiérrez, bajo la lupa por las operaciones ilícitas realizadas con tarjetas de débito y cheques en más de 3,000 transacciones.

Con el plazo de investigación concluyendo el próximo 29 de septiembre, los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez preparan el terreno para llevar el caso ante la justicia. La colaboración de los cuatro acusados, antes parte integral de la red de estafa, es considerada fundamental para desentrañar la estructura de la asociación ilícita y la implicación de exfuncionarios de alto rango.

Entre los principales acusados se encuentra Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales, quien, pese a solicitar arresto domiciliario por su avanzada edad, se le ha negado tal medida. Marcos Osuna, anterior director de Gestión de Programas, y Pablo Sanz, encargado de Fiscalización, también figuran como piezas claves en esta trama corrupta. Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración, completa la lista de funcionarios que enfrentarán la justicia.

Los acuerdos de colaboración alcanzados con cuatro de los veintiséis imputados permitirán una exposición detallada de cómo operaba esta red, desde el reclutamiento de beneficiarios hasta la extracción y desvío del dinero público. Estos testimonios serán esenciales para establecer las responsabilidades dentro de la cúpula del ex Ministerio y asegurar una acusación robusta en el inminente juicio oral, cuya fecha se estima podría ser fijada para dentro de dos meses tras la audiencia de control de la acusación.