El economista convocado por Javier Milei a una reunión de Gabinete respaldó el ajuste fiscal y la desinflación, pero planteó dudas sobre la política monetaria, el atraso cambiario y la falta de crédito. Sus observaciones reavivaron las tensiones en el equipo económico y pusieron en discusión si el programa necesita una corrección para recuperar la actividad.

El programa económico de Javier Milei enfrenta una discusión que empieza a trascender los indicadores y se instala dentro del propio universo libertario. Alberto Ades, el economista argentino radicado en Estados Unidos que fue invitado por el Presidente a participar de una reunión de Gabinete, planteó interrogantes sobre aspectos centrales del esquema que conduce Luis Caputo. Aunque reconoció los avances en materia fiscal y de inflación, advirtió que la estabilización todavía deja problemas abiertos y que el desafío ahora es lograr que la economía vuelva a crecer de manera sostenida.

La intervención de Ades adquirió relevancia por el lugar que ocupó en la Casa Rosada y por el momento en que se produjo. Su presencia ante los ministros fue interpretada como una señal de interés presidencial por escuchar diagnósticos externos al equipo económico. Pero sus reflexiones posteriores también dejaron expuestas diferencias sobre el ritmo y las herramientas del programa que el propio Gobierno presenta como la base de su transformación económica.

El economista valoró el ordenamiento de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y la reducción de la pobreza que atribuyó a la gestión de Milei, Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el resto del equipo. No propuso abandonar esos objetivos ni regresar a una política de expansión indiscriminada del gasto. Su planteo fue más específico: cómo sostener la estabilización sin que las restricciones monetarias, el nivel del dólar y las dificultades para acceder al financiamiento terminen convirtiéndose en obstáculos para la recuperación.

En su análisis, Ades puso sobre la mesa tres interrogantes macroeconómicos. El primero apunta a la política monetaria y a las condiciones financieras. La pregunta es si el esquema actual resulta demasiado restrictivo y si existe margen para calibrarlo sin renunciar al objetivo de bajar la inflación. En una economía que necesita inversión y crédito, las tasas y la disponibilidad de dinero pueden influir directamente sobre las decisiones de consumo, producción y contratación.

El segundo punto se relaciona con el tipo de cambio real. La discusión sobre un posible atraso cambiario no es nueva, pero se vuelve más relevante cuando los costos internos, medidos en dólares, presionan sobre la competitividad de sectores que deben vender sus productos en el exterior o competir con importaciones. Un dólar que pierde capacidad para acompañar la evolución de los precios puede beneficiar temporalmente a quienes compran bienes extranjeros o viajan, pero también complica a empresas que producen localmente y enfrentan costos elevados.

El tercer interrogante se vincula con la necesidad de recuperar el crédito privado y mejorar las condiciones para que la actividad productiva encuentre financiamiento. La estabilidad macroeconómica puede reducir la incertidumbre, pero no garantiza por sí sola que las empresas inviertan o que las familias puedan acceder a préstamos en condiciones razonables. Para que eso ocurra también importan las tasas, los plazos, los ingresos y las expectativas sobre el futuro.

El planteo resulta significativo porque toca tres piezas centrales del esquema oficial. El Gobierno apuesta a mantener el equilibrio fiscal, consolidar la desinflación y avanzar con una economía más abierta. Sin embargo, la evolución de esas variables no elimina automáticamente los costos de la transición ni asegura que los sectores perjudicados por el cambio puedan adaptarse sin dificultades.

La apertura comercial, por ejemplo, puede ampliar la oferta de productos y reducir costos para consumidores y empresas. Pero también expone a productores locales a una competencia más intensa, especialmente cuando enfrentan dificultades de financiamiento, infraestructura o presión tributaria. Ades consideró que el camino de transformación es necesario, aunque advirtió que detrás del cierre de una empresa hay trabajadores, familias e historias concretas. La transición económica, por lo tanto, no puede evaluarse solamente a partir de los agregados macroeconómicos.

Su posición no supone un rechazo general al programa libertario. Por el contrario, el economista defendió la continuidad de las reformas y señaló que la respuesta a los problemas productivos no debería ser necesariamente aumentar el gasto público, ampliar subsidios o frenar la apertura. También destacó la importancia de profundizar la desregulación, reducir distorsiones tributarias, mejorar la movilidad laboral y ampliar el acceso al financiamiento.

La diferencia aparece en la pregunta sobre cómo administrar los costos del proceso. Una cosa es sostener los objetivos de estabilidad y otra considerar que todas las herramientas utilizadas para alcanzarlos deben mantenerse sin modificaciones. La posibilidad de corregir instrumentos, revisar restricciones o ajustar la política cambiaria no equivale necesariamente a abandonar el rumbo, aunque sí obliga a reconocer que la economía presenta dificultades que no se resuelven con una declaración de principios.

En ese marco, las observaciones de Ades fueron leídas como una señal incómoda para Caputo. El ministro ocupa un lugar central en la estrategia económica presidencial y su continuidad se convirtió en una pieza importante para sostener las expectativas del mercado. Que un economista convocado por el propio Milei cuestione elementos del esquema puede alimentar las especulaciones sobre diferencias internas, incluso cuando sus planteos no constituyen una ruptura explícita con el Gobierno.

La tensión también refleja un problema más amplio: el programa necesita mostrar resultados que lleguen a la economía cotidiana. La baja de la inflación y el equilibrio fiscal son variables relevantes, pero no agotan la evaluación de una política económica. La actividad, el empleo, los salarios, el crédito y la supervivencia de las empresas también determinan si la estabilización logra convertirse en una mejora duradera.

Cuando el crecimiento pierde fuerza, además, el frente fiscal puede volverse más exigente. Una economía que produce y consume menos recauda menos, lo que reduce el margen para sostener el equilibrio de las cuentas sin recurrir a nuevas restricciones. De esa manera, la actividad deja de ser una consecuencia secundaria del programa y pasa a convertirse en una condición para su continuidad.

La discusión sobre el dólar agrega otra dificultad. Un tipo de cambio que no acompaña suficientemente los costos internos puede aliviar algunos precios y contribuir a la desaceleración inflacionaria, pero también generar tensiones sobre las exportaciones y la producción nacional. Corregir ese desequilibrio, por su parte, puede tener consecuencias sobre los precios. El desafío consiste en encontrar una combinación que permita sostener la desinflación sin profundizar las dificultades de competitividad.

Por eso, las preguntas de Ades no ofrecen una solución automática. Son interrogantes que obligan a discutir prioridades, plazos y costos. El Gobierno puede sostener que el ajuste es necesario para ordenar una economía deteriorada durante años, pero también necesita explicar cómo pretende evitar que la transición desgaste la estructura productiva y reduzca las posibilidades de recuperación.

La intervención del economista no confirma, por sí sola, que Milei haya decidido modificar el programa ni que Caputo haya perdido el respaldo presidencial. Sí demuestra que el debate sobre la siguiente etapa económica empieza a instalarse incluso entre figuras que reconocen los avances iniciales de la gestión.

La verdadera prueba del modelo será lograr que la estabilidad se traduzca en inversión, empleo y mejores condiciones de vida. Si el equilibrio fiscal y la desinflación no encuentran una vía hacia el crecimiento, las preguntas sobre el dólar, el crédito y la política monetaria dejarán de ser discusiones técnicas para convertirse en un problema político cada vez más difícil de esquivar.