En una sesión que avanzó durante la madrugada, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley que flexibiliza de forma significativa el licenciamiento ambiental. Con 267 votos a favor y 116 en contra, se dio media sanción al polémico PL 2.159/21, una normativa que plantea un giro profundo en la manera en que se autorizan obras de infraestructura, minería y agroindustria en todo el país.

El nuevo régimen legal permitirá, entre otras cosas, que ciertos proyectos se inicien bajo un modelo de “licencia automática” mediante la figura de Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), que habilita a las empresas a autodeclararse en cumplimiento de requisitos ambientales sin pasar por evaluaciones técnicas previas ni audiencias públicas. Además, se exime completamente del proceso de licenciamiento a iniciativas consideradas “de bajo impacto”, y se habilita al Poder Ejecutivo a declarar “de interés nacional” ciertos desarrollos, blindándolos de cuestionamientos locales o ambientales.

Para el oficialismo y parte del empresariado, la medida es un paso necesario para dinamizar la economía, acelerar la inversión y reducir la “burocracia estatal”. Sin embargo, para amplios sectores ambientalistas, científicos y de los pueblos originarios, representa un retroceso mayúsculo que podría desencadenar impactos irreversibles en territorios ya amenazados.

La ministra de Ambiente Marina Silva fue contundente: calificó la ley como un “golpe mortal” a décadas de legislación ambiental en Brasil. Por su parte, organizaciones como el Instituto Socioambiental y el Observatorio del Clima denunciaron que más de 3.000 territorios indígenas, áreas de preservación y zonas en riesgo quedarán ahora expuestos al avance extractivista sin evaluaciones previas ni consultas obligatorias.

El proyecto, además, se votó a contramano de los compromisos internacionales que Brasil asumió en la agenda climática. El país será anfitrión de la próxima COP30 en Belém, y esta decisión envía una señal ambigua: mientras se declara líder en sustentabilidad, flexibiliza internamente las herramientas legales que protegían su patrimonio natural.

A la espera de la sanción presidencial de Lula da Silva, las presiones aumentan desde diversos frentes. Sectores sociales y expertos reclaman que se vete la ley, mientras los sectores productivos celebran lo que consideran un “destrabe histórico”.

El futuro de la política ambiental brasileña —y, por extensión, de una porción clave de los ecosistemas del continente— se define en estas semanas. La pregunta que sobrevuela es si desarrollo y sostenibilidad pueden convivir, o si una vez más uno se sacrificará en nombre del otro.