El Salvador habilitó la cadena perpetua para menores desde los 12 años en casos de delitos graves. La reforma profundiza el giro punitivo del gobierno de Nayib Bukele y vuelve a encender alarmas internacionales por el retroceso en derechos fundamentales.

El gobierno de Nayib Bukele volvió a endurecer su modelo de seguridad.

Esta vez, con una decisión que empuja todavía más los límites del sistema penal salvadoreño.

El presidente promulgó una reforma que permitirá aplicar prisión perpetua a menores de entre 12 y 18 años condenados por homicidio, violación o terrorismo.

La medida modifica el régimen penal juvenil que hasta ahora contemplaba un tratamiento diferenciado para adolescentes.

Con la nueva norma, esos jóvenes podrán ser juzgados bajo un esquema mucho más cercano al sistema penal de adultos.

Aunque la ley prevé revisiones futuras de las condenas, el cambio representa un quiebre profundo en la forma en que el Estado aborda la niñez vinculada al delito.

Para el oficialismo, la reforma busca cerrar lo que Bukele define como “espacios de impunidad”.

Desde el gobierno sostienen que las pandillas utilizaron durante años a menores para cometer crímenes con penas más bajas.

Y que la nueva legislación responde a esa realidad.

Pero para organismos internacionales, el debate es otro.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionó la reforma por considerar que vulnera principios básicos de protección de la infancia y contradice estándares internacionales sobre justicia juvenil.

La decisión no aparece aislada.

Forma parte de una política de seguridad que desde 2022 expandió el poder del Estado bajo un régimen de excepción casi permanente.

Ese modelo redujo drásticamente los homicidios.

Pero también dejó miles de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.

Bukele sigue siendo uno de los presidentes más populares de América Latina.

Su discurso de mano dura mantiene respaldo interno.

Sin embargo, cada nueva reforma parece correr un poco más la línea entre seguridad y autoritarismo.

La pregunta ya no es solamente cuánto castigo puede imponer un gobierno.

También empieza a ser cuánto está dispuesta una sociedad a ceder en nombre del orden.