La Justicia elevó a juicio oral la causa contra el gendarme acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta de jubilados. El episodio vuelve a abrir el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones.
Hay imágenes que quedan grabadas.
Un fotógrafo en el suelo.
Una cámara caída.
Y un disparo que no debía ocurrir.
La causa por el ataque a Pablo Grillo dio un paso clave: la fiscalía pidió elevar a juicio oral al gendarme acusado de haberle disparado en la cabeza durante una marcha frente al Congreso.
El hecho ocurrió en marzo de 2025, en una protesta en defensa de los jubilados.
Grillo estaba trabajando.
Cubriendo la movilización.
Cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado de forma horizontal, algo expresamente prohibido por los protocolos de seguridad.
La acusación es grave.
El cabo primero de Gendarmería, Héctor Guerrero, será juzgado por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas.
Según la fiscalía, su accionar fue “desproporcionado e irracional” y puso en riesgo la vida de manifestantes y trabajadores de prensa.
La reconstrucción judicial es precisa.
Entre las 17:05 y las 17:25, el efectivo realizó al menos seis disparos.
Uno de ellos impactó directamente en la cabeza de Grillo, provocándole heridas que pusieron en riesgo su vida.
No hubo enfrentamiento directo.
No hubo una amenaza inmediata que justificara ese nivel de violencia.
Eso es, justamente, lo que la Justicia intenta determinar en el juicio.
Pero el caso excede lo individual.
Se inscribe en un contexto más amplio.
En los últimos años, las protestas sociales en Argentina —especialmente bajo el gobierno de Javier Milei— estuvieron marcadas por un endurecimiento de los operativos de seguridad.
La lógica del orden por sobre el derecho a la protesta.
La imagen por sobre la vida.
El caso Grillo se volvió, en ese sentido, un símbolo.
No solo por la gravedad del hecho.
Sino porque ocurrió frente a cámaras.
Porque hay registros.
Porque hay pruebas.
Y porque la víctima no era un manifestante, sino alguien que estaba ahí para documentar.
Eso también interpela.
El juicio que viene no será solo sobre un disparo.
Será sobre límites.
Sobre protocolos.
Sobre responsabilidades.
Y sobre el lugar que ocupa la violencia estatal en democracia.
Porque cuando una fuerza de seguridad dispara fuera de norma, no solo hiere a una persona.
Hiere algo más profundo.
La idea misma de que el Estado puede —y debe— actuar dentro de la ley.
