Presentan denuncia penal tras el encuentro de legisladores de La Libertad Avanza con represores en Ezeiza. El Congreso y la justicia analizan el incidente, mientras el gobierno discute posibles prisiones domiciliarias.

El 11 de julio, varios diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, se reunieron con genocidas en la cárcel de Ezeiza, incluyendo a Alfredo Astiz. Esta polémica visita, que incluyó una fotografía publicada en medios, ha generado una denuncia penal presentada por el juez del Tribunal Oral Federal N° 5, Daniel Obligado. La denuncia, basada en un reclamo del abogado Pablo Llonto y respaldada por el fiscal Félix Crous, insta a investigar posibles delitos relacionados con esta reunión.

El juez federal Ernesto Kreplak, quien subroga en Lomas de Zamora, está a cargo de la investigación. Según Llonto, la visita podría haber violado reglamentos penitenciarios, sugiriendo posibles riesgos de seguridad y acusando al Servicio Penitenciario Federal de negligencia. Además, se plantea que algunos diputados fueron llevados al encuentro bajo engaño.

En paralelo, el gobierno ha propuesto evaluar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a represores, argumentando razones humanitarias para los condenados de avanzada edad. Esta propuesta, impulsada por los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ha sido recibida con críticas de organismos de derechos humanos, que denuncian que casi el 80% de los genocidas ya gozan de ese beneficio.

El tema será debatido en el Congreso, donde se discutirán medidas que van desde el repudio hasta posibles sanciones a los legisladores involucrados. Se considera la creación de una comisión investigadora para esclarecer los detalles del encuentro y las implicaciones legales.