La semana pasada comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto por la Ley de Envases que impulsa el Gobierno. Ya obtuvo el aval de la comisión de Recursos Naturales, Presupuesto y Hacienda y seguirá su tratamiento en la Cámara. Sin embargo, esta iniciativa presenta fuertes críticas por parte de la oposición y los sectores industriales ya que sostienen que, con ella, se establece un nuevo gravamen que redundará en mayores precios.

La propuesta apunta a promover la gestión de envases en el país y reducir el impacto en el medio ambiente. Se calcula que el 25% de la basura del país son envoltorios, de los cuales solo el 8% es reciclado.

Para ello, uno de los puntos establece la creación de una tasa ambiental que los productores deberán abonar por los envases que ponen en circulación. Así, se fomenta el uso de materiales más sustentables -ya que a menor impacto ambiental, menor será la tasa- y, para quienes no se ajusten a esto, se promueve un sistema de recolección y reutilización de los materiales.

Con el dinero recaudado de esta tasa se creará un fideicomiso -administrado por la banca pública– que fortalecerá el trabajo de los recicladores, que hoy son aproximadamente 200.000. 

Daniela Vilar, del bloque del FdT, explicó que “la ley incorpora el principio de responsabilidad de los productores” y apuntó contra el sector industrial al afirmar que “las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”.

Por su parte, el diputado del FdT, Itai Hagman, comentó que el proyecto apunta, no solo a reducir el impacto ambiental sino que, a su vez, a “financiar el sistema de reciclado que llevan adelante los recicladores urbanos que es muy importante porque genera puestos de trabajo y permite, además, generar un insumo muy importante para la industria”. 

Argentina importa materiales reciclados por lo que se podría satisfacer esa demanda local e impulsar la generación de empleo genuino.

Desde el arco opositor sostienen que se trata de un “mal proyecto” y, según Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio, es “un impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación específica”, entre otras críticas.

Además, señaló que, si se implementa la propuesta, se “estatiza el reciclado” y que el impacto recaerá en los mayoristas y lo terminarán pagando los consumidores: “Son $ 300.000 millones que caerán sobre las espaldas de los consumidores”.