Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, cuyos padres fueron asesinados por guerrilleros del ERP, se suman al Ministerio de Defensa. Abogan por la «verdad completa» y prisión domiciliaria para condenados de lesa humanidad.
El Ministerio de Defensa argentino, bajo la dirección de Luis Petri, ha realizado un movimiento significativo en su política de derechos humanos al contratar a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure. Estos nuevos colaboradores son hijos de dos coroneles asesinados en la década de los 70 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y se han unido a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este giro representa un cambio simbólico e histórico, dado el contexto de los asesinatos de sus padres, Jorge Ibarzábal y Argentino del Valle Larrabure, cuyas muertes ocurrieron durante el conflicto armado interno de Argentina.
Silvia Ibarzábal, hija de Jorge Ibarzábal, quien fue secuestrado y asesinado en 1974 tras un ataque a los cuarteles de Azul, y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, quien fue torturado y ejecutado en 1975 tras un prolongado cautiverio, tendrán la tarea de transmitir «la verdad completa» sobre estos hechos. En entrevistas con Infobae, ambos destacaron la necesidad de abordar los derechos humanos de manera inclusiva y no limitarlos únicamente a la década del 70.
Ambos han expresado su preocupación por la situación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad que cumplen largas condenas sin sentencia firme y aquellos que tienen más de 75 años o padecen graves problemas de salud. “En Argentina se están violando los derechos humanos de estas personas. Son personas que, hoy por hoy, no tienen derechos humanos”, coincidieron. La propuesta es que estos individuos puedan cumplir prisión domiciliaria en lugar de permanecer en cárceles.
Desde el Ministerio de Defensa se ha indicado que Larrabure e Ibarzábal trabajarán en la coordinación de programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, enfocados en los derechos humanos y el derecho humanitario. También participarán en la definición de políticas y acciones para el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes.
El caso de Argentino del Valle Larrabure es particularmente notable. Secuestrado en 1974, fue sometido a un brutal cautiverio de 370 días por el ERP, hasta su muerte en 1975. Su martirio está siendo considerado por el Vaticano para su posible beatificación. Por su parte, Jorge Ibarzábal fue secuestrado y asesinado en 1974 durante un ataque del ERP a los cuarteles de Azul, siendo un teniente coronel en ese momento.
El nuevo enfoque del Ministerio de Defensa contrasta con la política de derechos humanos implementada en los últimos 20 años, centrada principalmente en la revisión de los legajos de militares para ascensos y la colaboración con la Justicia Federal en casos de lesa humanidad. Silvia Ibarzábal señaló que su labor no se enfocará en estas tareas, sino en la capacitación y transmisión de valores universales para que las nuevas generaciones conozcan todos los aspectos de la historia reciente de Argentina.
La contratación de Ibarzábal y Larrabure y su enfoque en los derechos humanos actuales y pasados simboliza un cambio en la narrativa y políticas del gobierno, buscando equilibrar las miradas sobre el pasado conflictivo del país y los derechos de todos los involucrados.
