El condicionamiento de acceso a financiamiento internacional a cambio de compromisos de reducción en las emisiones de carbono no es nuevo. El Acuerdo de Paris y otros compromisos ambientales de aspiración transnacional, como los que aplica Europa, hace años que viene transitando esa senda.

Pero un sector del Gobierno argentino quiere explorar una novedad: vincular compromisos ambientales a una reducción de la deuda externa que está en cabeza del FMI. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, es quien empuja la introducción de ese capítulo en las negociaciones que Martín Guzmán tiene con el organismo que preside Kristalina Georgieva. Una línea en la que cuenta con algún acompañamiento del influyente asesor presidencial, Gustavo Béliz.

El argumento central de Cabandié es considerar a las economías de desarrollo medio y bajo, como es el caso de Argentina, acreedores ambientales, por ser los países desarrolados los mayores responsables del calentamiento global. Así fue entendido por la comunidad internacional cuando en la caótica Cumbre de Copenhague se decidió constituir un fondo de 100 mil millones de dólares para financiar la transición energética de combustibles fósiles a energías limpias a partir de aguas y vientos.

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