El juez Sebastián Casanello dio un plazo de 72 horas al Ministerio de Capital Humano para justificar el destino de la comida almacenada en Villa Martelli y Tafí Viejo, mientras el gobierno busca demorar el caso en instancias superiores.

El juez federal Sebastián Casanello ha intimado nuevamente a la ministra Sandra Pettovello para que presente en 72 horas toda la documentación que acredite la distribución de casi 6 millones de kilos de alimentos almacenados en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. La orden surge en el marco de una causa penal por el no reparto de estos alimentos, que presuntamente estaban destinados para emergencias y comedores comunitarios.

Casanello exige remitos y detalles de la distribución de productos, incluyendo leche en polvo y pasas de uva que están por vencer, así como los convenios con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para su reparto. La causa también involucra una denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien acusa al gobierno de Milei de retener alimentos mientras la población sufre de inseguridad alimentaria.

Simultáneamente, el gobierno enfrenta otra causa en el fuero Contencioso Administrativo Federal por el incumplimiento de programas alimentarios para comedores comunitarios. A pesar de las reiteradas órdenes judiciales para que se garantice la distribución de alimentos, informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revelan que más de 100 comedores no están recibiendo los suministros necesarios. En un intento por ganar tiempo, el gobierno ha apelado a la Corte Suprema, argumentando que la distribución de alimentos es una cuestión no justiciable y defendiendo la autonomía del Poder Ejecutivo en estas decisiones.