Un tribunal de Delaware abrió este miércoles un juicio clave que ha vuelto a poner sobre el banquillo al corazón de Meta: el fundador y CEO Mark Zuckerberg, junto a destacados directivos de la compañía, están siendo demandados por accionistas en una causa histórica de más de 8.000 millones de dólares.

La denuncia acusa a estos líderes de violar de manera deliberada un acuerdo firmado con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) en 2012, tras el escándalo de Cambridge Analytica. Según los demandantes, la firma permitió que se compartieran datos de usuarios de Facebook sin consentimiento —incluidos datos sensibles de amigos— lo que derivó en una sanción récord de 5.100 millones de dólares por parte de la FTC, además de otros acuerdos millonarios con usuarios y reguladores ([turn0news17], [turn0news18]).

El litigo se abrió con el testimonio del experto en privacidad Neil Richards, quien sostuvo que las políticas de Facebook eran “engañosas”. Un dato clave: también testificó Jeffrey Zients, ex miembro del directorio de Facebook entre 2018 y 2020, quien admitió que la privacidad fue objeto de debate, pero urgió a resolver la situación con la FTC para poder avanzar ([turn0news17], [turn0news18]).

El juicio, sin jurado, incluirá declaraciones de Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Marc Andreessen, Peter Thiel y Reed Hastings. Se espera que la jueza Kathaleen McCormick —famosa por anular el multimillonario paquete salarial de Elon Musk en Tesla— entregue su veredicto varios meses después del cierre de las audiencias ([turn0news17], [turn0news18]).

Este caso no solo implica un costo millonario para los acusados. Se trata de una demanda tipo Caremark de supervisión corporativa, que supone un precedente sobre el deber de vigilancia de los directorios en EE. UU. Delaware, sede legal de Meta, ha sido un terreno donde estas demandas históricamente casi no prosperan. Si esta vez se reconoce responsabilidad, podría marcar un cambio drástico en la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas ([turn0news17]).

Meta ha defendido que fue engañada por Cambridge Analytica y ha invertido desde 2019 cifras multimillonarias para reforzar su política de privacidad. Rechaza las acusaciones de insiders trading y asegura que Zuckerberg utilizó un plan automático de venta de acciones, legal y previsto para financiar acciones benéficas, sin violar ninguna norma ([turn0search7], [turn0news17]).

Esta disputa trasciende lo económico: pone en el centro el modelo de negocio de una de las tecnológicas más influyentes del mundo. La pregunta no es solo si Zuckerberg y su equipo actuaron mal, sino si el poder concentrado en manos privadas, sin controles efectivos, es compatible con las reglas de la democracia digital. En el escenario global, la resolución del caso podría marcar un antes y un después para la gobernanza tecnológica y cómo regulamos el manejo de datos en el siglo XXI.