El polémico presidente de la Nación, Javier Milei, ha puesto en marcha un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que no solo transforma numerosas áreas de la legislación, sino que también impacta directamente en el ámbito ambiental. ¿Cuáles son los cambios que introduce este nuevo DNU y qué consecuencias podrían derivarse de estas modificaciones?
Derogación de la Ley de Tierras
Uno de los cambios más destacados es la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, la cual limitaba la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Según los considerandos del decreto, esta norma restringía «el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector». Milei, en la presentación del DNU, argumentó que esta modificación se realizaba para «promover las inversiones».
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establecía límites al dominio extranjero sobre propiedades rurales, prohibiendo que un titular extranjero poseyera más del 30% de un 15% total sobre tierras rurales y estableciendo restricciones en áreas estratégicas como zonas agrícolas y tierras ribereñas. La derogación de esta ley ha generado preocupación entre diversas organizaciones ambientalistas y sociales, quienes argumentan que esto facilitaría la extranjerización de suelos y podría resultar en la expulsión de comunidades vulnerables.
Energía Renovable y Minería
En el ámbito de la energía renovable, el DNU deroga artículos clave de la Ley N° 27.424, destinada a fomentar la generación distribuida de energía renovable. Esta derogación afecta a un fideicomiso que incentivaba la incorporación de equipos de generación de energía renovable en residencias.
Además, se eliminó el decreto 1060/00, que establecía plazos máximos de duración para los contratos de abastecimiento de combustibles entre compañías petroleras y estaciones de servicios, lo cual podría favorecer una mayor concentración en la comercialización para las empresas extractoras.
En el sector minero, se derogaron la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, generando preocupaciones sobre la opacidad en esta actividad.
Ley de Manejo del Fuego: Incertidumbre Persistente
A pesar de las declaraciones de Milei sobre la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, el DNU publicado no contiene disposiciones que alteren esta norma. La Ley 26.815 establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental ante incendios forestales y rurales, siendo esencial en un contexto de crecientes incendios.
Esta ambigüedad ha generado inquietudes, ya que la necesidad de recursos para la prevención y combate de incendios, exacerbada por sequías y cambio climático, podría no ser abordada de manera efectiva.
En conclusión, el DNU de Milei introduce cambios significativos en el ámbito ambiental, generando críticas y preocupaciones sobre el impacto en la protección de tierras, el fomento de energías renovables y la transparencia en la actividad minera. El alcance completo de estas modificaciones y su impacto en el entorno y las comunidades será objeto de atención y debate en los próximos meses.
