La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de los funcionarios, exigiendo la entrega de 6.000 toneladas de alimentos y el pago de las costas del proceso. El caso revela un manejo cuestionado de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.

En un fallo contundente, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario presentado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. La decisión, tomada por la Sala II del tribunal y que resulta unánime, ordena la entrega inmediata de 6.000 toneladas de alimentos que estaban retenidos y vencidos, además de imponer el pago de las costas judiciales a los funcionarios.

El conflicto se origina en una investigación que acusa a Pettovello y Barra de abuso de poder y mal manejo de los recursos públicos. Los funcionarios fueron señalados por haber acopiado y dejado vencer grandes cantidades de alimentos que estaban destinados a comedores comunitarios y a personas en situación de vulnerabilidad. A pesar de los fallos en su contra, los funcionarios intentaron elevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, el cual fue rechazado por la Cámara de Casación por considerar que la impugnación no cumplía con los requisitos legales necesarios.

El tribunal destacó que la fundamentación del recurso presentado por el equipo legal del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Leila Gianni, fue insuficiente. Gianni, quien ha transitado desde una postura ultrakirchnerista a una ultralibertaria, no logró argumentar adecuadamente la relevancia federal de la cuestión, ni justificar la eximición del pago de las costas del proceso. Esto ha generado una carga financiera adicional para el Ministerio, que ahora deberá asumir los gastos derivados del prolongado litigio.

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, cuya carrera incluye roles como ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema durante los años 90, enfrenta ahora un escenario complicado, tanto por el impacto institucional del caso como por la creciente presión pública. El caso ha suscitado indignación en un contexto de creciente pobreza y demanda alimentaria en el país.

Con esta decisión, se agotaron las vías judiciales disponibles para los funcionarios, quienes ahora deben proceder a la entrega de los alimentos almacenados en Buenos Aires y Tucumán. La resolución subraya un nuevo revés para el Ministerio de Capital Humano y pone de relieve la necesidad urgente de una gestión más transparente y eficiente de los recursos destinados a la asistencia social.