La eliminación del FRAO genera alarma en el sector ovino, clave para la economía patagónica, en medio de una crisis climática y económica.
La reciente decisión del Gobierno de disolver el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) ha provocado una profunda preocupación en la Patagonia. La región, dependiente de la cría de ovejas, enfrenta un duro golpe económico. La medida, justificada por la Casa Rosada por falta de transparencia y cambios en las condiciones desde la creación del fondo, ha sido recibida con críticas por parte de productores agropecuarios y legisladores.
El FRAO, que manejaba alrededor de $3.000 millones anuales, fue cancelado oficialmente mediante la resolución 650 del Ministerio de Economía. Este fondo era fundamental para la financiación y desarrollo de la actividad ovina, especialmente en la Patagonia, donde reside cerca del 60% del ganado ovino nacional, según datos de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.
Osvaldo Luján, titular de dicha federación, destacó que el sector ya enfrenta desafíos significativos debido a la inflación y la falta de un precio competitivo para la lana, el cual se rige por el dólar oficial y las condiciones del mercado internacional. Además, defendió la transparencia del FRAO, subrayando que los proyectos eran supervisados por entidades como el INTA y el SENASA, y que los fondos se destinaban directamente a proveedores de insumos, sin pasar por manos de productores o gobiernos provinciales.
En medio de esta situación, la región también sufre una severa crisis climática, exacerbando la vulnerabilidad del sector ovino. Luján advirtió sobre el riesgo de pérdida de hasta el 20% del ganado en Chubut, lo que podría agravar aún más la situación económica de los productores locales.
Paralelamente, los senadores Silvina García Larraburu y Martín Doñate presentaron proyectos en el Congreso para restablecer el fondo, argumentando que la eliminación del FRAO pone en riesgo la sustentabilidad de los productores y el equilibrio socioeconómico de la región. Denunciaron que la Ley Bases, junto con otras medidas económicas recientes, ha afectado gravemente al sector.
Además de la protesta de los legisladores, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, han elevado reclamos al Gobierno nacional, solicitando medidas que mitiguen el impacto de la crisis, como la eliminación de aranceles de importación para ciertos productos utilizados en la industria hidrocarburífera, vital para la región.
La disolución del FRAO no solo amenaza la economía de la Patagonia, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de las políticas de desarrollo regional y la capacidad del país para apoyar a sectores vulnerables en momentos de crisis.
