La situación económica de los jubilados en Argentina ha alcanzado niveles críticos.

Más de 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran actualmente bajo la línea de pobreza, una cifra alarmante que resalta la vulnerabilidad de este sector en medio de una inflación descontrolada. Este dato proviene de estimaciones recientes realizadas por la Defensoría de la Tercera Edad y pone en evidencia el impacto devastador de la crisis económica en los adultos mayores.

Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica para un jubilado en Argentina ronda los $800.000 mensuales, una cifra que está muy lejos de la jubilación mínima que en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Incluso con el bono adicional de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, la brecha sigue siendo abismal, dejando a los jubilados con recursos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La situación es aún más desesperante para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y para alrededor de un millón de personas que reciben pensiones no contributivas, con un ingreso mensual de apenas $220.000.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, ha señalado que esta situación se refleja en la malnutrición que afecta a una gran parte de los jubilados. Según Semino, entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus ingresos limitados les impiden acceder a una alimentación adecuada y a los medicamentos necesarios. Además, muchos enfrentan dificultades para pagar servicios básicos como la calefacción, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

En medio de esta crisis, el Gobierno anunció que el presidente Javier Milei vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria, recientemente sancionada por el Senado, que preveía un aumento del 8,1% en las jubilaciones. La administración argumentó que la medida, que calificaron de «populismo demagógico», es irresponsable y no cuenta con la correspondiente partida presupuestaria, lo que obligaría al país a recurrir a la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, opciones que, según el gobierno, han contribuido al deterioro económico del país en el pasado.

La decisión de vetar la ley ha generado un fuerte debate entre el gobierno y la oposición, y ha profundizado la incertidumbre entre los jubilados, que ven cómo su situación económica sigue deteriorándose sin perspectivas claras de mejora. La crisis que enfrentan los adultos mayores en Argentina es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de políticas sociales y económicas.