La Provincia lanzó una licitación para elaborar el estudio de impacto ambiental y social del Canal Aliviador Portezuelo Grande, una obra proyectada para derivar caudales extraordinarios del río Neuquén. La iniciativa busca reforzar la seguridad del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y proteger a las poblaciones, la producción y la infraestructura de una región estratégica.

Neuquén dio un nuevo paso para avanzar con una obra hidráulica que lleva casi dos décadas entre reclamos, evaluaciones y gestiones pendientes. El Gobierno provincial lanzó la Licitación Pública Nº 02/2026 para contratar el Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto Canal Aliviador Portezuelo Grande, una infraestructura pensada para reducir los riesgos asociados a las crecidas extraordinarias del río Neuquén.

El llamado fue publicado el martes 13 de octubre en el Boletín Oficial provincial. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial (EMHIDRO), mientras que el financiamiento del estudio estará a cargo del Fondo Hídrico Provincial.

El objetivo es analizar la viabilidad ambiental y social de una vía alternativa para derivar grandes volúmenes de agua durante eventos extremos. La obra apunta a reforzar la seguridad del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, en particular del sistema de Portezuelo Grande, y a disminuir la exposición de las localidades y áreas productivas ubicadas aguas abajo, tanto en Neuquén como en Río Negro.

La preocupación no es nueva. La seguridad del sistema hidráulico constituye una demanda pendiente desde hace años y llegó incluso a los tribunales a partir de un reclamo de vecinos de Cipolletti. Según informó el Gobierno neuquino, un fallo de la Corte Suprema de Justicia estableció la responsabilidad del Estado nacional de estudiar alternativas para afrontar el riesgo de las crecidas extraordinarias.

Aunque esa obligación recae sobre la Nación, la Provincia decidió financiar esta primera etapa para acelerar las evaluaciones y avanzar con el proyecto. La decisión vuelve a poner en evidencia una discusión recurrente en materia de infraestructura: cómo se distribuyen las responsabilidades entre las jurisdicciones cuando una obra resulta fundamental para la seguridad de toda una región.

El canal proyectado busca ofrecer una salida complementaria para conducir el agua durante episodios de gran magnitud. No se trata de construir una nueva represa, sino de estudiar una infraestructura de derivación que permita mejorar la capacidad de respuesta del complejo ante situaciones excepcionales.

La iniciativa adquiere especial relevancia por las consecuencias que una crecida severa podría tener sobre las poblaciones del Alto Valle, las tierras productivas y las instalaciones vinculadas con la actividad energética. En una región donde conviven ciudades en expansión, producción frutícola, infraestructura industrial y el crecimiento de Vaca Muerta, la seguridad hídrica es una condición central para sostener el desarrollo.

El proyecto también se vincula con la necesidad de adaptar la infraestructura a fenómenos hidrológicos extremos. Las crecidas pueden poner bajo presión sistemas construidos para determinados escenarios, por lo que la planificación requiere revisar periódicamente su capacidad de evacuación, las condiciones de funcionamiento y los riesgos asociados a eventos de mayor intensidad.

En este caso, los estudios técnicos realizados sobre Portezuelo Grande identificaron una disminución de la capacidad efectiva de evacuación del sistema, asociada principalmente a la acumulación de sedimentos y vegetación. Ese diagnóstico impulsó el análisis de alternativas para mejorar la respuesta hidráulica del complejo frente a grandes caudales.

La propuesta seleccionada contempla un canal de aproximadamente 1.620 metros que conectaría el río Neuquén con el embalse Los Barreales. Según los antecedentes técnicos difundidos sobre el proyecto, permitiría derivar hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo adicionales durante eventos extremos. La capacidad total de evacuación del sistema superaría así los 18.000 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, esas características corresponden al diseño evaluado y no significan que la obra esté aprobada para su construcción. La contratación actual se limita al estudio de impacto ambiental y social, una instancia necesaria para identificar posibles consecuencias, analizar medidas de prevención y determinar las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse el proyecto.

EMHIDRO tendrá a su cargo la contratación, la supervisión técnica y la tramitación de la licencia ambiental correspondiente, de acuerdo con la normativa provincial. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos y presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén.

La apertura de las ofertas está prevista para el 13 de noviembre de 2026 a las 11, en la ciudad de Neuquén. A partir de ese proceso deberá avanzar la elaboración del estudio que permitirá evaluar los efectos de la infraestructura y definir los pasos posteriores.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el canal no constituye una solución definitiva para todos los riesgos de la cuenca. Su función sería sumar una herramienta de protección junto con otras medidas de regulación de caudales, mantenimiento de las instalaciones existentes y planificación de largo plazo.

Esa precisión resulta importante porque la seguridad hídrica no depende de una sola obra. Requiere información actualizada, coordinación entre organismos, evaluación de escenarios extremos y mecanismos de respuesta capaces de proteger a las comunidades. También exige que las decisiones técnicas incorporen los posibles impactos ambientales y sociales de las intervenciones sobre el territorio.

Para el Alto Valle, el desafío consiste en reducir los riesgos sin perder de vista la complejidad de una cuenca compartida por dos provincias y atravesada por actividades económicas de gran importancia. La prevención de inundaciones no es solamente una cuestión de ingeniería: también involucra la seguridad de las familias, la continuidad de los servicios, la protección de la producción y la capacidad de las instituciones para actuar antes de que ocurra una emergencia.

Neuquén decidió avanzar con recursos propios en una etapa que considera prioritaria, pese a los antecedentes judiciales que atribuyen la responsabilidad principal al Estado nacional. El próximo paso será conocer los resultados del estudio ambiental y social y determinar cómo continuará el proceso administrativo y técnico.

Después de años de reclamos, el proyecto vuelve a moverse. La prueba decisiva será transformar esa iniciativa en una solución concreta, con evaluaciones rigurosas, responsabilidades claras y una planificación que permita proteger a las comunidades del Alto Valle frente a las crecidas extraordinarias del río Neuquén.