Los bloqueos instaurados por comunidades mapuche en los accesos a importantes instalaciones de tratamiento de residuos petroleros en Vaca Muerta, entre ellas Servicios Ambientales de Neuquén (SAN), Indarsa, Comarsa, Ecopolo y Treater, entran en su segundo día consecutivo este martes, marcando 24 horas de protesta sin recibir respuesta efectiva del gobierno provincial.

La protesta, que comenzó el lunes a las 8 de la mañana, surge como expresión de múltiples demandas por parte de las comunidades mapuche locales. Entre las principales reivindicaciones se encuentra la solicitud de iniciar relevamientos en varias comunidades, cerrar otros ya iniciados y garantizar su registro en Personerías Jurídicas. Además, destacan la necesidad urgente de acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas en diversos territorios.

A medida que la manifestación avanzaba, las comunidades recibieron notificaciones de una orden judicial de desalojo durante la tarde del lunes. Sin embargo, lejos de disuadir el movimiento, esto parece haber reforzado su determinación de continuar con el bloqueo. Lefxaru Nawel, un representante de las comunidades mapuche, indicó que, pese a las advertencias judiciales, el bloqueo prosiguió sin impedimentos y en armonía con los trabajadores del sector.

Los manifestantes exigen el reconocimiento formal y la mensura de tierras para varios Lof (comunidades) como Newen Kura Fvta Xayen y Kelv Kura, entre otros. Critican duramente la gestión de los llamados «basureros petroleros» que, según ellos, operan fuera de las normativas ambientales con la complicidad tácita de la Secretaría de Ambiente, que acumula denuncias sin resolver.

Además, las comunidades reclaman la implementación del Registro de Comunidades y Organizaciones Mapuche, prometido por decreto en febrero de 2023, y la aplicación de la educación intercultural en áreas clave como Confluencia, Añelo y Pehuenches.

Conclusión del Comunicado Mapuche

El comunicado emitido por las comunidades mapuche no solo recoge sus exigencias, sino que también hace un llamado al gobierno de Rolando Figueroa para actuar dentro de los márgenes de la ley, acusándolo de favorecer a corporaciones sin control. Subrayan que su lucha está amparada tanto por la ley nacional como por la Constitución, exigiendo una gobernanza que sea inclusiva y justa para todas las partes de la sociedad.

Este escenario en Vaca Muerta no solo pone de manifiesto las tensiones entre los intereses industriales y los derechos indígenas, sino que también resalta la urgencia de un diálogo constructivo que aborde las preocupaciones medioambientales y sociales de manera efectiva.