El sector energético, junto con bancos y alimenticias, lidera en ganancias mientras los salarios caen y la inflación sigue en ascenso.
El primer trimestre del año ha visto un aumento significativo en los ingresos de las principales empresas energéticas, bancarias y alimenticias en Argentina. Este crecimiento ha superado ampliamente la tasa de inflación, evidenciando una brecha entre las ganancias corporativas y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.
Empresas energéticas como Pan American Energy y YPF han experimentado un aumento en sus ingresos de entre el 22% y el 130% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento se refleja también en las ganancias netas, que han aumentado entre un 81% y un asombroso 5378%.
El aumento desproporcionado de precios en productos básicos como el arroz, las latas de tomates, el azúcar, la harina y la leche ha contribuido a un mayor margen de ganancia para las empresas alimenticias, a pesar de una disminución en las ventas. Mientras tanto, los salarios reales han sufrido una caída significativa, con una disminución del 14% al 25% en el sector registrado, y hasta un 40% en el sector informal.
Los bancos también han experimentado ganancias extraordinarias, con un aumento de ingresos del 149% y el 40% para Macro y Supervielle, respectivamente. Sin embargo, estas cifras palidecen en comparación con el aumento de sus ganancias netas, que se sitúan en un 651% y un 2.051%.
Aunque algunas empresas como Ternium y Rigolleau han experimentado una disminución en las ventas, siguen registrando ganancias gracias a la liberalización de precios y las políticas gubernamentales que priorizan a las grandes corporaciones.
El informe de la consultora OCIPEx advierte sobre la creciente brecha entre las ganancias corporativas y el bienestar de los argentinos. Destaca la necesidad de reconstruir una alternativa política que priorice el interés nacional y garantice un orden solidario para una Argentina soberana, donde el Estado tenga un papel central en proteger los derechos de los ciudadanos y promover el desarrollo económico inclusivo.
