El juez Martín Cormick le dio al Ministerio de Capital Humano un plazo de 48 horas para detallar cómo garantizará la alimentación en comedores populares. La medida sigue a una cautelar que reafirma la vigencia de los planes de alimentos.

En una decisión judicial inesperada durante la feria judicial, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que presente un plan detallado en un plazo de 48 horas sobre cómo garantizará la distribución de alimentos en los comedores populares. Esta medida sigue a una resolución previa del juez Walter Lara Correa, quien emitió una cautelar en respuesta a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La resolución de Lara Correa había estipulado que el Ministerio debía mantener los planes de alimentos vigentes y no innovar en ellos, salvo para realizar mejoras. Esta decisión buscaba asegurar el derecho a la alimentación en los comedores, que había sido cuestionado debido a la discontinuación de la entrega de alimentos por parte del gobierno.

Desde el Ministerio de Capital Humano, se argumentó que la resolución reconoce el trabajo realizado y valida la implementación actual de los programas de alimentos, aunque se permite la revisión y reestructuración de estos programas. Sin embargo, la decisión de Cormick pone presión adicional sobre el gobierno para cumplir con los requisitos de la cautelar.

Simultáneamente, un expediente judicial separado está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, que involucra una denuncia penal contra Pettovello por incumplimiento de deberes públicos. Se descubrió que el gobierno tenía casi 5 toneladas de alimentos almacenados con fechas de vencimiento próximas, lo que llevó a Casanello a ordenar un plan para su distribución.

El Gobierno ha apelado estas decisiones y llevado el caso a la Corte Suprema, argumentando que la distribución de alimentos es una cuestión política que no debe ser sometida a revisión judicial. La situación destaca la creciente tensión entre la administración actual y los requerimientos judiciales sobre la gestión de recursos sociales.