Un reciente análisis económico revela que la política de transferencias al capital ha destinado USD 290 mil millones a empresas y sectores concentrados en los últimos años, generando un modelo que deja de lado al sector trabajador y profundiza la desigualdad en el país.

En los últimos años, las transferencias al capital en Argentina han alcanzado cifras récord, acumulando un total de USD 290 mil millones, según un informe que detalla el impacto de las políticas orientadas hacia sectores concentrados de la economía. Este modelo, que favorece la concentración de recursos en manos de unos pocos, ha generado un creciente debate sobre su impacto en la estructura económica, en el empleo y en la desigualdad en el país.

Los datos incluyen beneficios otorgados a través de subsidios a grandes empresas, quitas impositivas, transferencias directas y distintos mecanismos que han inyectado capital en sectores estratégicos, entre ellos las agroexportadoras, el sector energético y los bancos. Estas políticas, orientadas a incentivar la actividad privada, han sido cuestionadas por su falta de repercusión en la mejora de las condiciones laborales y los salarios reales de la mayoría de la población.

Una de las áreas más beneficiadas es el sector agroexportador, que ha recibido importantes incentivos a través de políticas de tipo de cambio favorable y subsidios para las exportaciones, que representan un peso significativo en la economía argentina. Sin embargo, los beneficios para el conjunto de la economía y el empleo no han sido visibles. La distribución desigual de estos recursos ha alimentado críticas respecto a la falta de mecanismos de redistribución que puedan beneficiar a un mayor espectro de la sociedad, sobre todo en un contexto de crisis económica, con salarios en baja y un mercado laboral deteriorado.

En el contexto de inflación y recesión, los especialistas apuntan que estas transferencias generan efectos negativos en el consumo interno y en la recaudación tributaria. Además, sostienen que un modelo orientado exclusivamente a la inversión en grandes capitales, sin un plan de reinversión social, refuerza la pobreza y limita el acceso a oportunidades económicas para los sectores vulnerables. Esta concentración de capitales choca de frente con el aumento de la pobreza, que según datos del último informe del INDEC afecta a más del 50% de la población en algunas áreas metropolitanas.

Mientras tanto, la estructura económica y laboral sigue mostrando una tendencia desfavorable para los trabajadores, con empleos informales y salarios que no se ajustan a la inflación, lo que agrava la falta de poder adquisitivo en los hogares. Analistas advierten que, si no se reorienta esta política hacia un modelo que integre a la mayoría de la población en los beneficios económicos, el panorama de desigualdad continuará profundizándose, dificultando las perspectivas de recuperación.

Este modelo económico, señalan críticos y expertos, apunta a un crecimiento sostenido en sectores específicos, pero excluye a una gran parte de la población que se enfrenta a un mercado laboral frágil y a un poder adquisitivo cada vez menor.