La Cámara de la Construcción le reclamó al Gobierno nacional que reactive el mantenimiento vial y regularice los pagos adeudados. El planteo expone una tensión creciente entre el ajuste fiscal y el deterioro de la infraestructura pública.
La Cámara de la Construcción volvió a poner sobre la mesa una escena cada vez más visible en la Argentina: rutas deterioradas, obras paralizadas y empresas que esperan pagos demorados por parte del Estado.
El reclamo no llegó desde la oposición ni desde los gremios.
Surgió desde un sector empresario que durante años mantuvo una relación cercana con distintos gobiernos, y que ahora empieza a mostrar señales de impaciencia.
La entidad pidió a la administración de Javier Milei que atienda dos problemas que avanzan al mismo tiempo: el abandono de la red vial y la deuda acumulada con compañías que ya ejecutaron trabajos o sostuvieron proyectos que luego quedaron congelados.
En un país donde gran parte de la producción se mueve por carretera, la discusión supera a las constructoras.
El deterioro del asfalto no sólo afecta a la economía: también impacta en la seguridad de quienes recorren a diario rutas nacionales cada vez más frágiles.
Desde que el Gobierno decidió frenar gran parte de la obra pública bajo la lógica del ajuste, el desgaste comenzó a sentirse con más fuerza.
Baches, banquinas dañadas y señalización deficiente forman parte de un paisaje que ya dejó de ser excepcional.
Para la Casa Rosada, la obra pública representa un símbolo del gasto excesivo.
Pero las rutas no responden a discursos. Sin mantenimiento, se degradan.
Las empresas advierten que la falta de inversión puede terminar generando un costo mayor en el futuro.
Lo que hoy se presenta como ahorro podría convertirse mañana en una factura mucho más pesada para el propio Estado.
El reclamo deja una señal política.
Incluso entre sectores que respaldaron el rumbo económico del Gobierno empieza a surgir una pregunta incómoda sobre cuánto tiempo puede sostenerse un país que posterga el cuidado de su propia estructura.
