El Gobierno nacional modificó partidas del Presupuesto 2026 y profundizó recortes en áreas sensibles como infraestructura, salud y programas públicos. Mientras se refuerzan fondos para ANSES y el Poder Judicial, crece la preocupación por el impacto social del ajuste.
La motosierra volvió a pasar.
Y esta vez dejó marcas sobre áreas especialmente sensibles: salud, obra pública, educación y empleo estatal.
El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación del Presupuesto 2026 con recortes en distintos programas públicos y reasignaciones de fondos hacia ANSES y el Poder Judicial. La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Entre los ajustes más fuertes aparece una reducción de más de $97 mil millones en obras viales, recortes en infraestructura deportiva y nuevas bajas en programas vinculados a energía y funcionamiento estatal. También se achicaron partidas relacionadas con investigación y prevención del cáncer, en medio de crecientes alertas sanitarias y denuncias por deterioro hospitalario.
En paralelo, el oficialismo reforzó fondos destinados al pago de deudas previsionales y amplió recursos para el Poder Judicial. El argumento oficial vuelve a girar alrededor del equilibrio fiscal y la necesidad de sostener el superávit.
Pero el impacto empieza a sentirse mucho más abajo de las planillas del Ministerio de Economía.
En hospitales públicos ya se denuncian faltantes, demoras y renuncias de profesionales. Las universidades nacionales advierten sobre crisis presupuestarias cada vez más graves. Y distintas provincias observan con preocupación la paralización de obras de infraestructura que quedaron a mitad de camino.
El recorte también alcanza al empleo estatal.
La modificación presupuestaria contempla nuevos programas de retiros y reducción de personal dentro de organismos nacionales, profundizando un proceso de despidos y achicamiento que atraviesa buena parte de la administración pública desde el inicio de la gestión libertaria.
La escena expone una tensión cada vez más visible dentro del modelo económico de Javier Milei.
El Gobierno celebra el orden fiscal y la desaceleración inflacionaria.
Pero al mismo tiempo crecen los conflictos en universidades, hospitales, organismos científicos y provincias que dependen de recursos nacionales para sostener servicios básicos.
Y ahí aparece una discusión más profunda que la contabilidad pública.
Porque cuando el ajuste empieza a avanzar sobre salud, educación, ciencia y obra pública, lo que entra en debate ya no es solamente cuánto gasta el Estado.
También empieza a discutirse qué cosas una sociedad decide sostener incluso en tiempos de crisis.
