La Justicia amplió los procesamientos en una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en Argentina. Mientras ya se investigan cerca de 90 muertes y decenas de lesiones vinculadas a fentanilo contaminado, el foco comienza a desplazarse hacia los organismos de control y el funcionamiento del sistema de fiscalización sanitaria.

La investigación por el caso del fentanilo contaminado entró en una nueva etapa.

Y ya no apunta solamente a los laboratorios involucrados.

Después de ampliar los procesamientos contra empresarios y responsables de la producción del medicamento, el juez federal Ernesto Kreplak comenzó a analizar el papel que desempeñaron los organismos encargados de controlar la elaboración y circulación de sustancias médicas en el país.

Según la causa judicial, actualmente se investigan alrededor de 90 fallecimientos y 44 casos de lesiones presuntamente vinculados a lotes contaminados de fentanilo distribuidos en distintos establecimientos de salud argentinos. La ampliación de los procesamientos incorporó nuevas víctimas detectadas a partir del análisis de historias clínicas, estudios microbiológicos y documentación sanitaria.

La Justicia considera que existen elementos para sostener que las irregularidades en los procesos de producción y control de calidad permitieron que medicamentos contaminados llegaran a hospitales y centros médicos donde fueron administrados a pacientes internados en situaciones críticas.

Ahora la atención se concentra sobre organismos como la ANMAT y el INAME, responsables de la supervisión y fiscalización de medicamentos. La investigación busca determinar si existieron fallas, demoras o incumplimientos en los mecanismos de control que debían prevenir una situación de esta magnitud.

En ese contexto también aparece mencionado el ministro de Salud, Mario Lugones. Hasta el momento no existe una imputación judicial en esta causa contra el funcionario, pero los investigadores analizan las responsabilidades institucionales dentro de la estructura estatal encargada de supervisar el sistema sanitario.

La dimensión del caso lo convirtió en uno de los expedientes sanitarios más relevantes de los últimos años.

No solo por la cantidad de víctimas investigadas.

También porque expone interrogantes sobre los controles estatales, la trazabilidad de medicamentos y la capacidad de respuesta frente a alertas sanitarias de alto riesgo.

Mientras continúan las pericias y las apelaciones de los procesamientos ya dictados, la Justicia intenta responder una pregunta central.

Cómo fue posible que un producto destinado a salvar vidas terminara asociado a una de las tragedias sanitarias más graves registradas recientemente en el país.