Las transferencias no automáticas a las provincias se desplomaron un 87,7% en términos reales durante junio y marcaron el nivel más bajo desde al menos 2005. La decisión profundiza la estrategia de ajuste del Gobierno de Javier Milei y vuelve a tensar la relación con los gobernadores.

El ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada volvió a sentirse con fuerza fuera del Área Metropolitana. Durante junio, el Gobierno nacional redujo al mínimo los envíos discrecionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en lo que ya es considerado el mayor recorte de fondos no automáticos de los últimos 21 años.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias alcanzaron apenas los $48.300 millones, lo que representa una caída del 87,7% en términos reales respecto del mismo mes de 2025. Se trata del peor registro para un mes de junio desde, al menos, 2005.

Los fondos no automáticos incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras partidas que el Poder Ejecutivo distribuye de manera discrecional para atender emergencias, obras o desequilibrios financieros en las provincias. En junio, además, no hubo transferencias en concepto de ATN, un dato que refleja el endurecimiento de la política fiscal de la administración de Javier Milei.

La reducción de estos recursos obliga a muchas provincias a sostener con fondos propios programas, servicios e inversiones que antes contaban con respaldo nacional. El impacto es especialmente sensible en distritos con menor capacidad de recaudación, donde los envíos extraordinarios suelen funcionar como una herramienta para afrontar contingencias o financiar obras de infraestructura.

El recorte se inscribe en la estrategia de déficit cero que sostiene el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión. Sin embargo, mientras la administración libertaria celebra el ajuste como una señal de disciplina fiscal, varios gobernadores vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener servicios esenciales y proyectos de desarrollo sin el acompañamiento financiero de la Nación.

La tensión entre la Casa Rosada y las provincias se convirtió en uno de los ejes de la política argentina durante el último año. Aunque los recursos automáticos de coparticipación siguen otro mecanismo de distribución, la fuerte poda sobre los fondos discrecionales reduce el margen de maniobra de los gobiernos provinciales y reabre el debate sobre el equilibrio entre el ajuste fiscal y el federalismo.

Más allá de los números, el recorte deja una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar la consolidación de las cuentas nacionales sin trasladar el costo a las provincias. En un país donde buena parte de la salud, la educación y la obra pública dependen de los gobiernos locales, la motosierra también redefine el mapa de las responsabilidades del Estado.