La Justicia Federal declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que había eliminado el sistema público para informar los precios de los combustibles en todo el país. El fallo consideró que la medida afectaba el derecho de los consumidores a acceder a información clara y uniforme, y sostuvo que el Estado no puede reemplazar ese mecanismo por datos dispersos en aplicaciones privadas o sitios de las empresas.
La decisión fue adoptada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual el Gobierno había derogado el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor.
Ese sistema, vigente desde 2016, obligaba a las estaciones de servicio a informar al Estado cada modificación en los precios de naftas, gasoil y GNC dentro de las ocho horas posteriores a los cambios. La información era publicada en una plataforma pública que permitía comparar valores entre distintas estaciones y denunciar diferencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados.
En su sentencia, el magistrado sostuvo que eliminar esa herramienta representó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. También rechazó el argumento oficial de que los precios podían consultarse en los surtidores o en aplicaciones privadas, al considerar que esos datos aparecen fragmentados y no ofrecen una comparación completa entre todos los operadores.
El fallo agrega que, en un contexto donde las petroleras pueden modificar los precios con mayor frecuencia mediante sistemas de actualización dinámica, resulta aún más importante contar con un registro público, centralizado y actualizado que garantice transparencia para los usuarios.
La causa fue impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que presentó un amparo colectivo al considerar que la eliminación del sistema reducía la protección de los consumidores sin ofrecer un mecanismo alternativo con la misma eficacia.
Con esta decisión judicial, el Gobierno deberá restablecer el sistema oficial de información sobre los precios de los combustibles, salvo que el fallo sea revocado por instancias superiores.
