Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para advertir sobre el deterioro del sistema sanitario argentino como consecuencia del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. La presentación expuso problemas vinculados con la falta de medicamentos, la interrupción de programas de prevención, demoras en tratamientos y recortes en prestaciones para distintos grupos vulnerables.
La denuncia fue impulsada por organizaciones especializadas en salud y derechos humanos, que participaron de una audiencia ante la CIDH para describir las consecuencias de las políticas implementadas durante los últimos meses. Entre los principales reclamos señalaron la reducción de campañas de prevención, dificultades para acceder a medicamentos esenciales, demoras en la entrega de pensiones por discapacidad y recortes en programas destinados a personas con enfermedades crónicas.
Durante la audiencia, la Comisión Interamericana solicitó explicaciones al Estado argentino sobre el impacto que estas medidas tienen en personas mayores, niños, personas con discapacidad y pacientes que requieren tratamientos continuos. Las organizaciones sostuvieron que el deterioro de la atención sanitaria afecta especialmente a quienes dependen del sistema público y de programas nacionales para acceder a medicamentos y servicios de salud.
Las entidades también advirtieron que la reducción de recursos compromete el funcionamiento de hospitales, centros de atención y programas preventivos, lo que podría profundizar las dificultades para garantizar el derecho a la salud en distintos sectores de la población. Según indicaron, las restricciones presupuestarias repercuten tanto en la atención cotidiana como en el seguimiento de enfermedades de largo tratamiento.
La audiencia forma parte del seguimiento que la CIDH realiza sobre la situación de los derechos económicos y sociales en la región. Tras escuchar las exposiciones, el organismo continuará evaluando la información presentada por las organizaciones y la respuesta del Estado argentino antes de emitir eventuales recomendaciones sobre el caso.
