La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna fueron denunciados penalmente por el operativo de seguridad realizado frente al Congreso durante una protesta contra una iniciativa del Gobierno de Javier Milei. La presentación judicial busca determinar las responsabilidades de quienes participaron en la planificación y ejecución del operativo.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y quedó radicada ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Servini, y la Fiscalía Federal N.º 2, encabezada por Carlos Rívolo.
La presentación acusa a los funcionarios por presunto abuso e incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales, y solicita que la investigación alcance a todas las personas que hayan intervenido en la planificación, autorización, conducción y ejecución del operativo.
Uno de los principales puntos señalados es la actuación del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, quien aparece en imágenes difundidas públicamente durante el operativo vestido de civil. La denuncia pide determinar cuál era su función y bajo qué autorización se encontraba participando del dispositivo de seguridad.
Dalbón también solicitó que el Ministerio de Seguridad informe si estaba prevista la presencia de personal policial vestido de civil durante la manifestación y, en caso afirmativo, qué función debía cumplir y qué normas regulaban su actuación.
La presentación judicial sostiene además que la movilización se había desarrollado inicialmente como una manifestación pública y que la situación cambió cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes.
Otro de los aspectos destacados en la denuncia es la situación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban cubriendo la protesta. La asociación de reporteros gráficos había informado que una fotógrafa resultó herida durante el operativo, lo que generó nuevos cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
El abogado pidió que la Justicia solicite las cámaras de seguridad del Congreso y convoque como testigos a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y manifestantes que estuvieron presentes durante los hechos. El objetivo es reconstruir cómo se desarrolló el operativo y determinar eventuales responsabilidades individuales y de la cadena de mando.
La denuncia también alcanza el accionar de las fuerzas federales que participaron del operativo y solicita información a organismos vinculados con la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades y quiénes podrían ser responsables. La investigación deberá establecer, entre otras cuestiones, si las acciones denunciadas respondieron a órdenes previamente establecidas o si fueron actuaciones individuales que excedieron las instrucciones recibidas.
