La Justicia investiga una denuncia que cuestiona el proceso mediante el cual el Gobierno nacional avanzó con la privatización de represas hidroeléctricas del Complejo Comahue. La presentación sostiene que habría existido un mecanismo de subvaluación de activos estatales que terminó favoreciendo a determinados grupos empresarios, entre ellos el grupo Neuss.
La denuncia fue ampliada por la Fundación Soberanía ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca. La organización solicita que se investiguen las distintas etapas del proceso y que, si se comprueban irregularidades, puedan declararse nulas las adjudicaciones.
Según la presentación, el proceso habría estado compuesto por una serie de decisiones que permitieron avanzar con la privatización sin una valuación independiente de los activos. Uno de los principales cuestionamientos apunta al papel del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo encargado de establecer el valor de bienes estatales.
La denuncia sostiene que no se habrían respetado los tiempos necesarios para que el Tribunal realizara su tarea y que, en cambio, se habría generado una situación que permitió justificar su reemplazo en el proceso de valuación. En ese contexto aparece el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que terminó interviniendo en la determinación del valor de los activos.
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que el BICE no tendría las mismas competencias específicas que el Tribunal de Tasaciones para realizar este tipo de valuaciones y que, además, depende del propio Ministerio de Economía, que es el área encargada de impulsar y ejecutar el programa de privatizaciones.
Para los denunciantes, esta concentración de funciones genera un posible conflicto de intereses, porque una misma estructura estatal quedaría vinculada con la valuación, la elaboración de los pliegos y el proceso de privatización. La Fundación sostiene que esto podría haber facilitado una eventual subvaluación de los activos públicos.
El cuestionamiento también alcanza a la metodología utilizada para calcular el valor de las empresas. La denuncia pone en duda el sistema basado en el flujo de fondos y sostiene que podría representar una estimación de ganancias futuras en lugar de una tasación patrimonial independiente.
Entre los grupos empresarios mencionados en la causa aparecen Edison, vinculada al Grupo Neuss; Central Puerto; y BML Inversora, controlada por MSU Green Energy. La presentación sostiene que estas operaciones terminaron configurando un grupo reducido de beneficiarios dentro del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno.
La investigación se produce además en un momento en que el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con distintas privatizaciones y obtener recursos mediante la transferencia de activos y empresas estatales al sector privado. Por eso, el caso de las represas del Comahue podría convertirse en un antecedente relevante para determinar hasta qué punto estos procesos deben cumplir con mecanismos de valuación, transparencia y control.
Ahora la Justicia deberá analizar la documentación presentada y determinar si las irregularidades denunciadas efectivamente existieron, si tuvieron impacto sobre el valor de los activos y si hubo responsabilidades de funcionarios o empresarios involucrados.
La causa plantea así una discusión que va más allá de las represas: qué controles deben existir cuando el Estado transfiere activos estratégicos al sector privado y cómo garantizar que esos bienes sean vendidos a valores adecuados, mediante procedimientos transparentes y sin beneficiar de manera indebida a determinados grupos económicos.
