El ministro de Economía quedó desvinculado de dos expedientes y sus hermanos fueron sobreseídos en una investigación vinculada a Revolución Federal. Las decisiones judiciales reabrieron el debate sobre los vínculos entre funcionarios, jueces y designaciones en los tribunales federales.

En apenas unos días, tres expedientes judiciales que involucraban a Luis Caputo o a integrantes de su familia terminaron con resoluciones favorables para el ministro de Economía. Las causas estaban relacionadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la emisión del bono a 100 años durante el gobierno de Mauricio Macri y los vínculos comerciales de los hermanos de Caputo con integrantes de Revolución Federal.

El primero de los casos fue el relacionado con la deuda contraída con el FMI durante la gestión de Macri. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron el archivo que previamente había dispuesto la jueza María Eugenia Capuchetti. De esta manera, Caputo quedó fuera de la investigación junto con otros funcionarios que participaron de aquella etapa económica.

La segunda causa estaba vinculada con el bono a 100 años emitido cuando Caputo era ministro de Finanzas. La investigación había puesto bajo análisis la participación de una sociedad radicada en las Islas Caimán y su relación con la declaración jurada del entonces funcionario. El expediente también terminó con un sobreseimiento firmado por Llorens y Bertuzzi.

El tercer expediente involucraba a Flavio, Hugo y Rosana Caputo por los vínculos comerciales entre la empresa familiar y Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal. El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a los tres hermanos al considerar que las contrataciones existieron y que no había pruebas suficientes para establecer que hubieran constituido un financiamiento de las actividades de la agrupación.

La investigación había detectado transferencias por más de 6,5 millones de pesos hacia cuentas relacionadas con Morel, personas de su entorno y proveedores. La Justicia reconoció que existió un vínculo comercial entre Caputo Hermanos y Morel, pero concluyó que la evidencia reunida no permitía sostener que esas operaciones fueran una pantalla para financiar las actividades de Revolución Federal.

En paralelo, cinco integrantes de Revolución Federal fueron enviados a juicio oral por hechos vinculados con amenazas, manifestaciones intimidatorias y mensajes de violencia política. De esta manera, la resolución estableció una diferencia entre la existencia de relaciones comerciales con los hermanos Caputo y la responsabilidad penal por las actividades desarrolladas posteriormente por la organización.

La sucesión de decisiones volvió a poner en discusión el funcionamiento de Comodoro Py y, especialmente, los vínculos políticos e institucionales alrededor de algunos de los magistrados que intervinieron. El eje de los cuestionamientos está puesto en Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia, y en su participación en procesos de designación de jueces durante el gobierno de Milei.

Uno de los nombres que aparece en esa trama es el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi. Juan se desempeñaba como secretaria letrada de la Cámara Federal de Comodoro Py y su pliego para convertirse en jueza federal de Hurlingham fue aprobado por el Senado en junio. El 15 de julio, Milei y Mahiques formalizaron su designación.

La coincidencia temporal es uno de los elementos que alimenta las críticas políticas: mientras avanzaba la carrera judicial de Juan, su esposo tenía a su cargo el expediente que investigaba a los hermanos del ministro de Economía. Finalmente, Martínez de Giorgi dictó los sobreseimientos. La existencia de esa secuencia, por sí sola, no demuestra una coordinación ilegal, pero explica por qué el caso volvió a instalar la discusión sobre posibles conflictos de interés y la independencia judicial.

Caputo, por su parte, reaccionó públicamente contra quienes habían investigado y difundido los vínculos de su familia con Revolución Federal. El ministro sostuvo que las investigaciones habían implicado un uso indebido de recursos estatales y acusó a sectores de la oposición y del periodismo de actuar con fines políticos. Esas afirmaciones forman parte de la disputa política alrededor del caso y no modifican el contenido de las resoluciones judiciales.

Así, tres expedientes diferentes terminaron en pocos días con resultados favorables para Caputo y su entorno familiar. Más allá de las interpretaciones políticas, las decisiones judiciales dejan una discusión abierta sobre la relación entre el poder político y la Justicia federal, especialmente cuando las designaciones, las trayectorias de los magistrados y las causas que involucran a funcionarios se cruzan en un mismo escenario.