Daniel Garbellini, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, presentó un descargo en el que negó las acusaciones en su contra y sostuvo que utilizaba la palabra “ofrenda” en un sentido estrictamente religioso. La fiscalía interpreta ese término como una referencia a pagos ilegales.

La causa por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial. Daniel Garbellini, exdirector del organismo durante la gestión de Javier Milei, presentó un descargo ante la Justicia luego de que el fiscal Franco Picardi ampliara las acusaciones contra él y otros exfuncionarios y particulares.

Uno de los puntos centrales de su defensa gira alrededor de una palabra: “ofrenda”. Garbellini sostiene que el término, utilizado en conversaciones vinculadas con personas investigadas en el expediente, tenía un significado religioso y no hacía referencia a retornos de dinero, coimas o beneficios económicos.

La explicación aparece en un momento particularmente sensible de la investigación. La fiscalía sostiene que existió una estructura que habría intervenido en las compras de medicamentos e insumos de alto costo de la ANDIS mediante contrataciones direccionadas y beneficios indebidos. La Cámara Federal porteña confirmó recientemente los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros acusados en la causa, mientras la investigación continúa abierta.

Garbellini, sin embargo, rechaza haber formado parte de una organización ilícita. En su presentación judicial argumentó que parte del lenguaje utilizado en sus comunicaciones debe interpretarse dentro de un contexto religioso que compartía con algunas de las personas mencionadas en el expediente.

Según su explicación, conocía desde 2010 a Miguel Ángel Calvete a través del Instituto de Diálogo Interreligioso. En ese ámbito, señaló, era habitual utilizar expresiones como “hermanos” o “familia” para referirse a personas con las que existía una relación basada en la fe, aun cuando no hubiera un vínculo familiar.

Sobre esa misma base, sostuvo que la palabra “ofrenda” no debía ser interpretada como una clave para referirse a dinero entregado ilegalmente. Su defensa busca así separar el lenguaje de las conversaciones de la interpretación que la fiscalía hizo de esas expresiones.

La fiscalía mantiene una lectura completamente diferente. De acuerdo con el planteo de Picardi, el término habría sido utilizado para referirse a retornos de dinero o dádivas vinculadas con adjudicaciones dentro del sistema de compras de la ANDIS. En su acusación, el fiscal señaló que Garbellini habría proporcionado información privilegiada sobre procesos de compra y pagos para favorecer resultados previamente acordados. El exfuncionario negó esas afirmaciones.

La discusión sobre una palabra puede parecer menor frente al tamaño de la causa, pero en una investigación judicial puede adquirir un peso considerable cuando se trata de reconstruir conversaciones y determinar qué significado tenían determinadas expresiones. En este caso, “ofrenda” pasó a ser parte de una disputa más amplia sobre cómo interpretar comunicaciones y vínculos entre funcionarios y empresarios.

Garbellini también cuestionó el período temporal utilizado por la acusación. Según su descargo, la fiscalía ubica el funcionamiento de la supuesta organización entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, pero él asumió funciones en la ANDIS recién en junio de 2024. Por eso sostiene que no podría ser considerado responsable de una estructura que, según la propia acusación, habría comenzado varios meses antes de su llegada.

La investigación, mientras tanto, continúa avanzando sobre el funcionamiento del sistema de compras del organismo. Los investigadores analizan contrataciones, documentación, mensajes y otros elementos incorporados al expediente para determinar si existieron mecanismos destinados a favorecer a determinados proveedores.

La Cámara Federal que confirmó los procesamientos sostuvo que durante el período investigado se habrían producido contrataciones direccionadas, con sobreprecios y presuntas entregas de dádivas a funcionarios. También señaló que el sistema de compras habría sido utilizado de manera irregular para limitar la competencia entre proveedores.

En paralelo, la situación de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, volvió a complicarse en los últimos días. Después de la confirmación de su procesamiento, se solicitó su detención a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos informes sobre diferencias de precios, pagos duplicados y otras presuntas irregularidades en las contrataciones.

El expediente, por lo tanto, está lejos de cerrarse. Las acusaciones todavía deben atravesar las distintas etapas del proceso judicial y las defensas continúan presentando sus argumentos para cuestionar la interpretación de la fiscalía.

En ese escenario, la disputa por el significado de una palabra funciona como una pequeña ventana hacia una investigación mucho más amplia. Para la defensa de Garbellini, “ofrenda” pertenece al lenguaje de la fe. Para la fiscalía, forma parte de otra historia: la de los presuntos retornos alrededor de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad. Será la Justicia la que deberá determinar qué interpretación se sostiene frente al conjunto de las pruebas.