Estudiantes de distintas universidades nacionales realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de las Becas Progresar. La protesta ocurrió un día después de un fallo judicial que ordenó al Gobierno cumplir con la normativa.

El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles 7 de octubre, cuando estudiantes de distintas universidades nacionales ingresaron al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta comenzó con una concentración y una sentada en el exterior del edificio y luego continuó dentro del hall. Los estudiantes llevaron un petitorio y reclamaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, además de exigir una respuesta sobre la aplicación de la ley y la actualización de las Becas Progresar.

La movilización ocurrió apenas un día después de una decisión judicial relevante para el conflicto. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en la parte que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento inmediato. El Gobierno anunció que apelará la decisión.

La ley en cuestión había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El presidente Javier Milei había decidido vetarla, pero Diputados y Senado rechazaron el veto con las mayorías constitucionales necesarias para insistir con la norma. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley mediante un decreto que condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento, mecanismo que fue cuestionado ante la Justicia.

En ese escenario, el reclamo estudiantil se concentró especialmente en las becas. Los manifestantes sostienen que la normativa establece una recomposición de los programas de becas de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Para los estudiantes, la actualización de la Beca Progresar constituye uno de los puntos más urgentes.

La protesta reunió a estudiantes de distintas instituciones del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. Los representantes estudiantiles plantearon que la falta de respuestas afecta tanto a quienes cursan actualmente como a quienes dependen de las universidades públicas para continuar sus estudios.

La situación también puso nuevamente sobre la mesa el impacto que tiene la discusión presupuestaria en la vida universitaria. Para los estudiantes, el problema no se reduce a una cifra dentro del presupuesto nacional: detrás de los recursos destinados a las universidades aparecen salarios docentes y no docentes, becas, infraestructura, investigación y las condiciones materiales necesarias para sostener las cursadas.

La protesta también ocurre en un contexto de creciente tensión entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional. Rectores, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes vienen reclamando desde hace meses por el financiamiento del sistema de educación superior y por la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso.

Durante la jornada, los estudiantes permanecieron en el edificio mientras esperaban una respuesta oficial. Finalmente, un grupo fue recibido por funcionarios, aunque el encuentro duró pocos minutos y terminó sin un acuerdo sobre la implementación de las medidas reclamadas. Luego, según los testimonios recogidos durante la protesta, los manifestantes fueron retirados del lugar. El Ministerio de Capital Humano anunció posteriormente que presentaría una denuncia judicial para que se investigara lo ocurrido y se determinaran eventuales responsabilidades.

Desde el Gobierno se presentó el ingreso al edificio de una manera diferente. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una toma violenta y sostuvo que hubo daños que debían ser investigados. Las organizaciones estudiantiles, en cambio, describieron la medida como una sentada pacífica y señalaron que su objetivo era conseguir una instancia de diálogo con las autoridades.

La disputa no parece destinada a terminar con esta jornada. Para el jueves 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Milei. Estudiantes, docentes y no docentes volverán a movilizarse hacia el Congreso, en una convocatoria que busca profundizar el reclamo por el financiamiento de las universidades.

La discusión universitaria tiene, además, una dimensión que excede el conflicto entre un Gobierno y las organizaciones educativas. La universidad pública ocupa un lugar histórico en la sociedad argentina y funciona como una de las principales vías de acceso a la educación superior para estudiantes de distintos sectores sociales.

Por eso, cada disputa presupuestaria termina teniendo una traducción concreta en las aulas. Una beca que pierde poder de compra puede significar más dificultades para viajar, comprar materiales o sostener una cursada. Un salario que no acompaña los costos de vida puede profundizar los conflictos docentes. Y una universidad con menos recursos enfrenta mayores dificultades para sostener investigación, infraestructura y actividades académicas.

El conflicto ingresó ahora en una etapa diferente. Ya no se trata solamente de una discusión política sobre cuánto dinero debe recibir el sistema universitario. La Justicia tomó posición sobre la obligación del Poder Ejecutivo de aplicar una ley sancionada por el Congreso, mientras el Gobierno decidió apelar esa decisión y las organizaciones universitarias aumentan la presión en las calles.

Entre tribunales, oficinas públicas y movilizaciones, la disputa sigue abierta. Y mientras las instituciones discuten cómo debe aplicarse la ley, miles de estudiantes continúan haciendo algo mucho más cotidiano: intentar estudiar, cursar y llegar a fin de año con la posibilidad de seguir construyendo su futuro dentro de la universidad pública.