Una auditoría sobre los estados contables de 2025 detectó un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones financieras respaldadas con oro de las reservas. El Gobierno cuestionó la interpretación del organismo de control, mientras sigue pendiente una investigación específica sobre el traslado de lingotes al exterior.

La gestión de las reservas del Banco Central volvió a quedar bajo cuestionamiento después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara que la entidad registró pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025. El dato reavivó las dudas sobre las decisiones tomadas por la conducción monetaria y abrió una nueva discusión sobre el uso de activos estratégicos en un contexto de escasez de divisas.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, presentó las conclusiones de la auditoría de los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de diciembre de 2025. Según explicó, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras relacionadas con el precio internacional del oro, utilizó parte de las reservas como respaldo y terminó afrontando un resultado negativo de una magnitud que, de acuerdo con el organismo, no tiene antecedentes en sus registros auditados.

La pérdida ascendió a aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones. De ese monto, unos US$ 960 millones correspondieron al resultado negativo de las operaciones con opciones y cerca de US$ 62,8 millones al pago de primas asociadas a esos instrumentos. El dinero salió de las divisas de la entidad.

Olmos sostuvo que el Banco Central había operado esperando una determinada trayectoria del precio internacional del metal y que el cálculo resultó equivocado. Según el titular de la AGN, nunca se había registrado una pérdida de semejante dimensión en las auditorías de los estados contables de la institución, ni se había utilizado una cantidad comparable de reservas físicas de oro para operaciones financieras de riesgo.

El señalamiento apunta a decisiones tomadas bajo la conducción de Santiago Bausili, presidente del Banco Central. La entidad, sin embargo, rechazó la interpretación de la auditoría y cuestionó el sentido de las conclusiones difundidas públicamente, al considerar que respondían a una lectura política de las operaciones.

La controversia requiere distinguir dos resultados que, aunque están vinculados al mismo activo, no significan lo mismo. Por un lado, el oro que integra las reservas argentinas aumentó considerablemente su valor durante 2025 debido a la suba de su cotización internacional. Esa revaluación generó una ganancia patrimonial superior a los $8 billones.

Por otro lado, las operaciones financieras realizadas con el metal como respaldo tuvieron un resultado negativo y demandaron pagos en dólares. La ganancia contable derivada de que el oro valga más no elimina automáticamente el costo de esas operaciones, del mismo modo que la pérdida registrada en los contratos no significa, por sí sola, que hayan desaparecido los lingotes.

El Gobierno cuestionó que el resultado negativo de los instrumentos financieros se presentara de manera aislada, sin considerar la valorización del activo y el objetivo de cobertura que, según la explicación oficial, tenían las operaciones. En términos financieros, una cobertura busca limitar determinados riesgos, aunque puede producir pérdidas en una parte de la operación mientras protege otra posición. Para determinar si fue conveniente, es necesario examinar los contratos, sus condiciones y el efecto conjunto sobre las reservas.

La discusión no es menor. Una cosa es que una operación financiera arroje un resultado negativo y otra es establecer si esa pérdida era necesaria para cubrir un riesgo mayor o si respondió a una estrategia equivocada. La información presentada por la AGN puso el foco en el costo de la operatoria, mientras que el Gobierno defendió la necesidad de analizarla en conjunto con la evolución del valor del oro.

La auditoría otorgó una opinión favorable sobre los estados contables del Banco Central en términos generales, aunque incorporó observaciones específicas sobre estas operaciones. De ese modo, el informe no cuestionó la totalidad del balance, pero sí dejó expuesto un punto sensible de la administración de las reservas.

El episodio también vuelve a poner en primer plano una cuestión que permanece sin una explicación pública integral: el traslado de parte del oro argentino al exterior durante 2024. La decisión había sido defendida por funcionarios del Gobierno con el argumento de que permitiría mejorar la administración de las reservas y obtener un rendimiento sobre activos que, de otro modo, permanecerían inmovilizados.

En septiembre de 2026, Bausili había señalado ante el Congreso que una parte del oro se encontraba en Suiza, depositada en el Banco de Pagos Internacionales, una institución que presta servicios a bancos centrales. La explicación oficial sobre los movimientos del metal no terminó de cerrar la discusión sobre las condiciones de la operación, sus beneficios concretos y los riesgos asumidos.

La AGN informó que trabaja en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas y el traslado de los lingotes. Ese informe fue remitido al Banco Central para que la entidad presente su descargo antes de que el organismo de control avance con sus conclusiones.

La investigación deberá determinar por qué se tomó la decisión de enviar el oro al exterior, cuál fue su destino, qué beneficios obtuvo la autoridad monetaria y si los procedimientos aplicados se ajustaron a los criterios correspondientes. Hasta que ese trabajo concluya, no existe una evaluación definitiva de la AGN sobre todos los aspectos vinculados con el traslado.

En un país donde las reservas internacionales ocupan un lugar central en la discusión económica, la transparencia sobre el manejo de esos activos resulta indispensable. El oro no es solamente un número en un balance: forma parte del patrimonio del Banco Central y de las herramientas disponibles para respaldar la estabilidad financiera.

La controversia llega, además, en un escenario en el que el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas en los principales argumentos de su política económica. En ese contexto, una pérdida superior a los mil millones de dólares en operaciones financieras merece una explicación detallada, independientemente de las diferencias sobre su interpretación.

El desafío para las autoridades será demostrar con información verificable cuál fue la lógica de las decisiones, qué riesgos se buscó cubrir y cuál fue el resultado final para las reservas. Para la AGN, el paso siguiente será completar la revisión específica sobre el oro y establecer si existen elementos que permitan evaluar con mayor precisión la operatoria.

La discusión, por lo tanto, no termina con una cifra ni con el cruce de interpretaciones entre el organismo auditor y el Banco Central. Lo que está en juego es la capacidad de explicar cómo se administran los recursos públicos, qué controles existen sobre las decisiones financieras y qué información tiene derecho a conocer la sociedad.

Cuando se trata de reservas estratégicas, la confianza no puede descansar únicamente en las explicaciones de los funcionarios. Necesita controles independientes, datos claros y responsabilidades identificables. La auditoría puso una cifra contundente sobre la mesa; ahora resta esclarecer, con la misma precisión, cómo se llegó a ese resultado y qué ocurrió con el oro que respalda una parte del patrimonio argentino.