Los bombardeos golpearon zonas de Kordofán, Darfur y la capital, Jartum, en medio de una guerra que enfrenta al Ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido desde abril de 2023. Los ataques volvieron a poner en primer plano el costo civil de un conflicto que profundiza una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
Sudán volvió a quedar marcado por una nueva escalada de violencia. Una serie de ataques con drones dejó más de un centenar de muertos desde el domingo, según testimonios de residentes, personal médico y fuentes vinculadas a las fuerzas enfrentadas. Los bombardeos alcanzaron distintas regiones del país y afectaron tanto a zonas bajo control militar como a territorios dominados por las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que combate al Ejército desde hace más de tres años.
Uno de los episodios más mortíferos ocurrió en Al Dibab, en el estado de Kordofán Occidental. Allí, un dron impactó cerca de un mercado y de un punto de transporte donde numerosos habitantes se habían reunido para regresar a sus localidades después de una jornada comercial. Según los testimonios recogidos en la zona, el ataque dejó alrededor de 80 muertos. Entre las víctimas había personas que esperaban conseguir un medio de transporte para volver a sus hogares.
Los relatos de los sobrevivientes y de quienes participaron en las tareas posteriores describieron una situación devastadora. Algunos cuerpos fueron recuperados en el lugar, mientras que decenas de heridos debieron ser trasladados a la localidad cercana de Al Mujlad. Una fuente médica señaló que varias de esas personas murieron después de llegar para recibir asistencia, lo que elevó el balance total de víctimas.
La administración vinculada a las Fuerzas de Apoyo Rápido y la organización sudanesa Emergency Lawyers responsabilizaron al Ejército por el ataque. Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades militares no habían ofrecido una respuesta pública sobre esas acusaciones. La falta de información independiente y las dificultades para acceder a las zonas afectadas complican la reconstrucción completa de lo ocurrido.
La violencia también alcanzó Nyala, capital de Darfur del Sur y uno de los principales bastiones de las fuerzas paramilitares. Fuentes médicas y vinculadas a ese grupo informaron que un ataque con drones dejó 17 muertos y 23 heridos. El impacto alcanzó el centro urbano y destruyó dos viviendas, en una nueva muestra de cómo los enfrentamientos se extienden más allá de las líneas de combate.
En Jartum, la capital sudanesa, otro ataque mató a cuatro personas, entre ellas tres niños de entre dos y seis años, de acuerdo con una fuente médica. El impacto se produjo en una vivienda de un barrio situado al este del aeropuerto. Un funcionario militar afirmó que las defensas antiaéreas habían interceptado drones lanzados por las Fuerzas de Apoyo Rápido que se dirigían hacia el aeropuerto y sus alrededores.
Los ataques también generaron preocupación por la seguridad de infraestructuras esenciales. En el este del país, fuentes militares informaron que se interceptaron drones que presuntamente tenían como objetivo las represas de Atbara y Setit. Estos episodios amplían el riesgo para instalaciones fundamentales para el suministro de agua y electricidad, servicios que resultan indispensables para una población que ya enfrenta enormes dificultades para acceder a alimentos y atención sanitaria.
La creciente utilización de drones modificó el desarrollo de la guerra sudanesa. Ambos bandos incorporaron estas tecnologías a sus operaciones, con capacidad para alcanzar objetivos alejados de los frentes tradicionales. La expansión de los ataques aumenta la exposición de la población civil y vuelve más difícil distinguir entre las zonas de combate y los espacios donde transcurre la vida cotidiana.
El conflicto comenzó en abril de 2023, cuando una disputa por el poder entre las Fuerzas Armadas sudanesas, dirigidas por Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, derivó en enfrentamientos abiertos. Desde entonces, las hostilidades destruyeron barrios, desplazaron a millones de personas y debilitaron las instituciones estatales.
La crisis humanitaria se profundiza a medida que se prolongan los combates. Millones de sudaneses abandonaron sus hogares y muchas comunidades quedaron aisladas de los servicios básicos. La inseguridad alimentaria, la falta de atención médica y las dificultades para distribuir ayuda agravan las consecuencias de cada nueva ofensiva. En ese contexto, los ataques contra mercados, viviendas y centros de transporte amenazan directamente a quienes intentan sostener su vida cotidiana en medio de la guerra.
La responsabilidad por los bombardeos debe establecerse mediante investigaciones independientes, pero el impacto sobre la población civil vuelve urgente reforzar los mecanismos de protección. El derecho internacional humanitario exige distinguir entre combatientes y civiles, así como evitar ataques indiscriminados y proteger las infraestructuras indispensables para la supervivencia. Cuando esas obligaciones se incumplen, los responsables pueden enfrentar investigaciones por graves violaciones del derecho internacional.
La comunidad internacional también enfrenta el desafío de contener el flujo de armas y tecnología militar que alimenta la confrontación. Investigaciones de Naciones Unidas han advertido sobre el papel del apoyo externo y de los sistemas de armamento avanzados en la prolongación del conflicto. Sin medidas efectivas para reducir ese respaldo y garantizar el acceso humanitario, las iniciativas diplomáticas corren el riesgo de quedar relegadas mientras continúa el sufrimiento de la población.
Los últimos ataques reflejan una guerra que no muestra señales claras de resolución. Cada nueva ofensiva deja familias desplazadas, comunidades en duelo y servicios esenciales bajo presión. Para Sudán, la urgencia ya no se limita a detener los enfrentamientos: también consiste en evitar que la violencia termine destruyendo las condiciones mínimas necesarias para reconstruir el país.
