Un nuevo informe de investigadores independientes señala que las fuerzas israelíes cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población palestina en Cisjordania. El documento también sostiene que continúan los actos de genocidio en Gaza pese al alto el fuego. Israel rechazó las conclusiones y acusó a la comisión de impulsar una campaña de desinformación.

La situación de los palestinos en los territorios ocupados volvió a quedar bajo el foco internacional después de que una comisión independiente de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusara a Israel de cometer el crimen de lesa humanidad de exterminio en Cisjordania. El informe, presentado el lunes 26 de octubre, también denuncia torturas, violencia sexual, persecución por motivos discriminatorios y ataques contra la población civil.

El documento amplía las conclusiones que el organismo había presentado sobre Gaza en septiembre de 2025, cuando determinó que Israel había cometido genocidio en la Franja. En su nueva evaluación, los investigadores sostienen que los actos genocidas continúan pese al alto el fuego que comenzó en octubre del año pasado.

La comisión considera que lo ocurrido en Cisjordania no puede analizarse como una sucesión de episodios aislados. Según sus conclusiones, las operaciones militares israelíes, la destrucción de viviendas y la violencia ejercida por colonos forman parte de un patrón generalizado y sistemático contra la población palestina. Los investigadores sostienen que estas acciones han contribuido al desplazamiento de comunidades y al deterioro de sus condiciones de vida.

Cisjordania, incluida Jerusalén Este, permanece bajo ocupación israelí desde 1967. Aunque el territorio tiene una situación política y militar distinta de la de Gaza, sus habitantes enfrentan desde hace décadas restricciones de movimiento, expansión de asentamientos israelíes y conflictos recurrentes. Desde octubre de 2023, la violencia se intensificó y las operaciones militares provocaron un aumento de las muertes, las detenciones y los desplazamientos.

El informe describe una escalada que, de acuerdo con los investigadores, adquirió características coordinadas. La comisión sostiene que las autoridades israelíes conocían la violencia ejercida por colonos y que esta se integró al contexto más amplio de presión sobre las comunidades palestinas. También documenta casos en los que considera que las fuerzas israelíes atacaron deliberadamente a civiles, destruyeron viviendas y causaron daños físicos y psicológicos.

Entre los crímenes identificados aparecen el exterminio, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, además de la persecución por motivos vinculados con la nacionalidad, la raza y el origen étnico. Estas son conclusiones de una investigación internacional y no una sentencia judicial definitiva, pero tienen relevancia para los mecanismos de rendición de cuentas y para eventuales procedimientos ante tribunales internacionales.

La distinción jurídica es importante. El exterminio constituye un crimen de lesa humanidad cuando se produce como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El genocidio, en cambio, requiere demostrar la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Son categorías diferentes, aunque ambas se encuentran entre los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional.

La comisión también advirtió sobre las consecuencias de las operaciones militares para la población desplazada. Las demoliciones, las restricciones de acceso y la pérdida de viviendas y medios de subsistencia han dejado a numerosas familias sin condiciones adecuadas para regresar a sus comunidades. Los investigadores consideran que estas medidas, sumadas a la violencia, contribuyen a crear entornos cada vez más difíciles de habitar.

En Gaza, el informe mantiene las conclusiones de la investigación anterior y afirma que los actos genocidas continuaron durante el alto el fuego. La comisión señala que las muertes, las heridas, la destrucción de infraestructura y el deterioro de las condiciones de vida siguen afectando a una población que ya sufrió un desplazamiento masivo durante la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, informaron de más de 74.000 muertes palestinas desde el comienzo de la ofensiva. La magnitud de la destrucción y las consecuencias humanitarias de la guerra fueron documentadas por organismos internacionales, aunque las cifras y las responsabilidades específicas deben evaluarse atendiendo a la información disponible y a las limitaciones propias de un territorio en conflicto.

La comisión reclama que Israel ponga fin a las violaciones señaladas, cumpla sus obligaciones internacionales y permita avanzar hacia una solución que garantice los derechos del pueblo palestino. También insta a terminar con la ocupación del territorio palestino y con la expansión de los asentamientos, en línea con las conclusiones jurídicas internacionales sobre la ilegalidad de la presencia israelí continuada en los territorios ocupados.

Israel rechazó categóricamente el informe. Su representación diplomática en Ginebra afirmó que las conclusiones forman parte de una campaña de desinformación destinada a demonizar al Estado israelí y cuestionar su existencia. Las autoridades israelíes también reclamaron que la comunidad internacional rechace el documento y exija la disolución de la comisión.

La controversia refleja una disputa que atraviesa desde hace tiempo el escenario internacional: cómo establecer responsabilidades por las violaciones del derecho humanitario en un conflicto marcado por ataques contra civiles, operaciones militares, desplazamientos y profundas diferencias sobre la interpretación de los hechos. Las acusaciones de la comisión y la respuesta israelí muestran posiciones enfrentadas, pero no eliminan la obligación de investigar de manera rigurosa los hechos documentados.

El organismo investigador fue creado en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No habla en nombre de toda la organización ni funciona como un tribunal, pero sus informes pueden aportar pruebas, documentar patrones de violencia y servir como insumos para futuras investigaciones judiciales. Sus conclusiones tampoco sustituyen los procedimientos necesarios para determinar responsabilidades penales individuales.

La publicación del informe vuelve a poner en discusión la distancia entre las declaraciones diplomáticas y las medidas concretas para proteger a la población civil. Las condenas internacionales, por sí solas, no garantizan el fin de las hostilidades ni el acceso sostenido a la ayuda humanitaria. Para que las normas internacionales tengan efecto, los Estados deben cooperar con las investigaciones, proteger a las víctimas y evitar que las violaciones queden impunes.

En Cisjordania y Gaza, el costo humano de la guerra y de la ocupación continúa condicionando la vida cotidiana de millones de palestinos. La destrucción de hogares, la pérdida de familiares, las restricciones para acceder a servicios esenciales y la incertidumbre sobre el futuro forman parte de una crisis que no se resolverá únicamente mediante declaraciones.

El nuevo informe representa otra advertencia sobre la gravedad de la situación y sobre la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La investigación internacional seguirá siendo objeto de controversia, pero la protección de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional no deberían depender de las afinidades políticas de los gobiernos.

En un escenario donde las acusaciones son rechazadas por Israel y las respuestas diplomáticas siguen sin traducirse en una solución duradera, la cuestión central permanece abierta: cómo detener las violaciones denunciadas, garantizar los derechos de los palestinos y establecer responsabilidades mediante procedimientos independientes y rigurosos.