El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a representantes de comunidades originarias de Jujuy, con el objetivo de abordar la represión que tuvo lugar en la provincia durante las manifestaciones contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Durante el encuentro, las organizaciones entregaron al mandatario un documento en el que expresaron su postura sobre los sucesos ocurridos la semana pasada en Jujuy, además de presentar un petitorio con sus demandas. Asimismo, en la mañana de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una «investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión» llevada a cabo en Jujuy contra aquellos que se manifestaron en contra de la reforma constitucional.

Fuentes de la Secretaría informaron a Télam que la presentación judicial incluyó «testimonios y pruebas sobre violaciones de derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy, recopilados en los últimos días por la delegación encabezada por el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia».

En respuesta a esta solicitud, el juez Jorge Zurueta ha requerido a la policía provincial que «se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes» y ha instado al Gobierno de Morales a «iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no se ha cumplido».

En medio de esta situación, esta mañana un grupo de mujeres residentes en La Quiaca decidió llevar a cabo una representación de crucifixión colectiva cerca del bloqueo de la ruta que mantienen los manifestantes en la entrada de esta localidad, ubicada en el extremo norte de Argentina.

Por su parte, la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos ha recopilado testimonios de víctimas de la represión policial y ha advertido sobre situaciones de «terror generalizado».