La República Argentina presenta solicitud para que el reconocimiento de daños en juicio por la expropiación de YPF no exceda los 4.920 millones de dólares.

En el marco del juicio por la estatización de YPF, la República Argentina ha solicitado a la justicia de Estados Unidos que el monto de indemnización por daños no supere los 4.920 millones de dólares. La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.

El juicio enfrenta al país con los fondos buitre Burford y Eton Park, quienes buscan determinar el monto de los resarcimientos que Argentina deberá afrontar tras la expropiación de YPF.

Para determinar la indemnización, la jueza estadounidense Loretta Preska analizará los escritos presentados por ambas partes, incluyendo el escrito del bufete jurídico que representa a Argentina. Las estimaciones sugieren que el monto podría oscilar entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.

Uno de los puntos clave de la discusión es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Los fondos demandantes argumentan que fue el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. Por su parte, el Estado argentino responde que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 que declaró la utilidad pública y la expropiación.

El 31 de marzo pasado, la magistrada falló en contra de Argentina, eximiendo de responsabilidades a YPF, pero aún no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

El escrito presentado por la defensa argentina consta de 143 fojas con citas, testimonios y gráficos, elaborado por el estudio Sullivan & Cromwell en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

En sus conclusiones, la Argentina plantea que el tribunal debe ejercer discreción para evitar otorgar intereses previos al fallo y que los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario. También destaca que cualquier indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales del país. La base de cálculo propuesta se enfoca en los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, lo que reduciría los daños reclamados por los fondos buitre en casi 3 mil millones de dólares.