Un programa piloto en Argentina evalúa el impacto de la inteligencia artificial en decisiones judiciales, enfrentando interrogantes éticos sobre sesgos y justicia.
En Argentina, un nuevo programa piloto está poniendo a prueba la integración de la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial, no solo para agilizar procesos administrativos, sino también para influir en la toma de decisiones legales. Esta iniciativa, liderada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) junto al Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB), busca explorar las posibilidades y los riesgos de la IA en el ámbito judicial.
El proyecto, que involucra a miles de voluntarios del sector judicial, durará cuatro meses y se centrará en estudiar el impacto de la IA generativa en el trabajo judicial. La preocupación principal es si la IA puede realmente ofrecer una solución a los sesgos clasistas, machistas, adultocéntricos y racistas que han sido históricamente criticados en el sistema de justicia, o si por el contrario, podría perpetuar o incluso amplificar estos prejuicios.
Carolina Cano, jueza de Cámara en Tucumán e integrante de la Comisión Directiva de la Red Mujeres para la Justicia, ha expresado su preocupación sobre las tendencias problemáticas observadas en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural, sobre las que se basan estas plataformas de IA generativa. Estas herramientas han demostrado una propensión a generar estereotipos de género, raciales y contenidos negativos sobre personas homosexuales.
La inteligencia artificial en el sistema judicial promete una mayor eficiencia, pero también plantea interrogantes éticos significativos. ¿Puede una máquina, programada y alimentada por datos humanos, ser verdaderamente objetiva y justa, o simplemente refleja y amplifica los prejuicios existentes en la sociedad?
Este programa piloto es un paso hacia la comprensión y, potencialmente, la reforma de cómo la tecnología puede y debe interactuar con la ley. El resultado podría tener implicaciones profundas no solo para Argentina, sino para el futuro del derecho y la justicia en la era digital global.
