Un informe internacional reveló que el 83% de las personas encuestadas en el país redujo al menos un gasto para afrontar los costos de la vivienda. La presión sobre los ingresos también empuja a trabajar más horas, postergar proyectos familiares y vivir con el temor de no poder sostener un techo.

Conseguir una vivienda y mantenerla se convirtió en una preocupación que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas en Argentina. Ya no se trata únicamente de encontrar un alquiler que entre en el presupuesto mensual: para una parte importante de los hogares, pagar el techo implica resignar alimentos, consumir los ahorros acumulados o sumar horas de trabajo para compensar ingresos que no alcanzan.

Un relevamiento de Hábitat para la Humanidad, realizado entre abril y junio de 2026 en 22 países y con más de 30.000 participantes, ubicó a Argentina entre los casos más comprometidos. El 83% de las personas encuestadas en el país afirmó haber reducido al menos un gasto durante el último año para poder afrontar los costos de la vivienda. El promedio internacional fue del 75%.

La diferencia, de ocho puntos porcentuales, refleja la presión que los gastos habitacionales ejercen sobre la economía familiar. Cuando una parte cada vez mayor del ingreso se destina al alquiler, los servicios y el mantenimiento del hogar, el ajuste no desaparece: se traslada a otros aspectos de la vida.

En Argentina, el 38% de los encuestados señaló que redujo sus gastos en alimentos y productos esenciales. Otro 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia, mientras que el 35% tuvo que asumir trabajos adicionales o aumentar sus horas laborales para reforzar sus ingresos.

El 34% aseguró que debió elegir entre pagar la vivienda y cubrir necesidades como comida, ropa o medicamentos. Además, el 19% limitó el uso de la calefacción o del aire acondicionado para reducir gastos, una proporción muy superior al promedio global del 7%.

Las cifras muestran que la crisis habitacional no se mide solamente por la cantidad de personas que pierden su vivienda o no consiguen acceder a una. También se expresa en los sacrificios que realizan quienes logran permanecer bajo un techo, pero deben deteriorar su alimentación, reducir su comodidad o postergar necesidades básicas para sostenerlo.

El informe también identificó un fuerte componente de incertidumbre. El 57% de los participantes argentinos manifestó temor a que un imprevisto económico ponga en peligro su capacidad de mantener la vivienda, frente al 48% registrado en el conjunto de los países estudiados.

La inseguridad habitacional, por lo tanto, puede comenzar mucho antes de un desalojo. Aparece cuando una reparación inesperada, una reducción de ingresos o una factura más alta amenaza con desarmar un presupuesto que ya funciona al límite.

La situación afecta especialmente a quienes alquilan. Según el relevamiento, el 49% de los inquilinos consultados tiene dificultades frecuentes para afrontar los costos de la vivienda, frente al 31% de los propietarios. También existe una diferencia en el nivel de insatisfacción con las condiciones habitacionales: alcanza al 54% entre quienes alquilan y al 36% entre quienes tienen una vivienda propia.

Los servicios públicos agregan otra presión. El 66% de los inquilinos encuestados consideró que sus costos vuelven inasequible la vivienda, mientras que seis de cada diez señalaron que los aumentos tarifarios, especialmente en energía, afectan su capacidad de pagarla.

La combinación de alquileres, expensas, electricidad, gas y otros servicios reduce el margen disponible para afrontar el resto de los gastos. En ese escenario, incluso quienes tienen empleo formal pueden enfrentar dificultades para sostener una vivienda sin recurrir al endeudamiento o a la ayuda de familiares.

El problema se desarrolla en un mercado que cambió de manera significativa desde fines de 2023. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 derogó la Ley Nacional de Alquileres y amplió la libertad de las partes para negociar aspectos centrales de los contratos, como los plazos y los mecanismos de actualización.

Quienes defendieron la desregulación sostuvieron que una mayor flexibilidad podía incentivar la oferta y facilitar los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, la evolución de los costos y las dificultades que registra el informe reabren el debate sobre cómo equilibrar la libertad contractual con la capacidad real de las familias para acceder a una vivienda.

La relación entre el decreto y cada una de las dificultades relevadas no puede establecerse únicamente a partir de una encuesta. Para medir sus efectos con precisión también es necesario considerar la evolución de los salarios, la inflación, la oferta inmobiliaria, las condiciones del crédito y las diferencias entre mercados locales. Pero los resultados sí muestran que una parte considerable de la población continúa teniendo problemas para afrontar el costo de su hogar.

La crisis tampoco se limita a quienes ya están alquilando. El 84% de los participantes argentinos consideró que el aumento de los costos dificulta convertirse en propietario. Entre quienes no tienen vivienda propia y tampoco esperan llegar a comprarla, seis de cada diez señalaron que sus ingresos son demasiado bajos para lograrlo. Casi la mitad consideró que los inmuebles son demasiado caros y cuatro de cada diez dijeron que no cuentan con ahorros suficientes para afrontar un pago inicial.

La distancia entre el deseo de tener una casa y las posibilidades concretas de conseguirla también afecta las decisiones personales. El 57% afirmó que las dificultades de acceso a la vivienda complican la posibilidad de formar una familia. Entre los padres consultados, el 60% expresó preocupación por las limitaciones que los costos habitacionales pueden imponer a las oportunidades de independizarse de sus hijos.

En el grupo de personas de entre 18 y 45 años, las preocupaciones son todavía más marcadas. El 64% manifestó inquietud por el aumento de los costos y el 63% señaló que las dificultades para acceder a una vivienda afectan la posibilidad de construir un proyecto familiar.

La casa propia, tradicionalmente asociada con la estabilidad y el progreso, aparece así cada vez más lejos para una parte de la población. Para muchos jóvenes, independizarse implica asumir alquileres elevados sin contar con ahorros suficientes, mientras que comprar una propiedad requiere ingresos y condiciones de financiamiento difíciles de alcanzar.

El panorama es más complejo en los barrios populares y en los hogares que viven en condiciones habitacionales precarias. Allí, apenas el 53% de las personas consultadas declaró contar con suficiente espacio para vivir, frente al 88% del conjunto de los participantes argentinos. Además, siete de cada diez hogares en condiciones más vulnerables consideraron que el sistema de vivienda del país no funciona.

Hábitat para la Humanidad también advirtió sobre el impacto de la interrupción de programas de integración urbana y de financiamiento para mejorar barrios populares. La organización señaló que la paralización de proyectos puede profundizar desigualdades entre quienes ya enfrentan problemas de infraestructura, calidad de las viviendas y seguridad en la tenencia.

En cuanto a la respuesta estatal, el 48% de los encuestados consideró que Argentina avanza por un camino equivocado en materia habitacional. Apenas el 20% sostuvo que el problema está siendo abordado de manera eficaz, frente al 34% del promedio internacional. A su vez, el 70% opinó que las políticas públicas no brindan suficiente apoyo a quienes buscan comprar su primera vivienda, mientras que cerca de ocho de cada diez respaldaron la existencia de más viviendas de interés social.

La discusión excede, por lo tanto, el precio de un contrato o las condiciones para acceder a un inmueble. También involucra la planificación urbana, la disponibilidad de infraestructura, el acceso al crédito, la construcción de viviendas y las herramientas de protección para quienes tienen menos recursos.

El informe internacional ofrece una fotografía de esa presión sobre los hogares argentinos. Sus resultados no reemplazan los registros oficiales ni explican por sí solos todas las causas del problema, pero permiten dimensionar hasta qué punto la vivienda condiciona otras decisiones económicas y personales.

Cuando pagar un alquiler obliga a reducir la comida, consumir los ahorros o trabajar más horas, el costo habitacional deja de ser un gasto aislado y pasa a organizar toda la vida familiar. La magnitud del desafío está en lograr que sostener un techo no signifique resignar aquello que ese mismo hogar debería permitir: estabilidad, bienestar y la posibilidad de proyectar el futuro.