Las excarcelaciones y el levantamiento parcial de bloqueos digitales no alcanzan para garantizar una transición democrática. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos advierten que continúan vigentes mecanismos legales y estructuras de seguridad que permiten perseguir a la disidencia, mientras crecen las dudas sobre los límites de la apertura impulsada por el Gobierno interino.

Nueve meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder, Venezuela atraviesa una transición marcada por señales contradictorias. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció medidas de apertura, promovió excarcelaciones y habilitó el acceso a algunos medios digitales que permanecían bloqueados. Sin embargo, una parte sustancial de las estructuras de control político y social continúa en funcionamiento, lo que pone en cuestión el alcance real de los cambios.

La discusión ya no se limita a determinar qué medidas adoptó la nueva administración, sino también cuáles decidió preservar. En un proceso de transición, las decisiones sobre las instituciones de seguridad, la libertad de expresión y las normas que restringen la actividad política permiten observar si existe una transformación duradera o una flexibilización limitada que puede revertirse.

El 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a llamar la atención sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. A pesar de las excarcelaciones registradas durante los últimos meses, todavía permanecen detenidas numerosas personas, entre ellas militares y antiguos integrantes de organismos de seguridad.

En paralelo, organismos de Naciones Unidas reclamaron la liberación inmediata e incondicional de quienes permanecen detenidos arbitrariamente por razones políticas, así como el fin de las represalias a través de los sistemas penal y militar. El planteo subraya que una apertura institucional no puede considerarse completa mientras continúen las detenciones arbitrarias y la persecución de quienes expresan posiciones contrarias al poder.

Las advertencias también alcanzan al funcionamiento de las instituciones estatales. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por Naciones Unidas, sostuvo en su informe de septiembre que las medidas de apertura adoptadas por el interinato no constituyen todavía una ruptura estructural y sostenida con las prácticas represivas documentadas anteriormente.

El informe señaló que los organismos de seguridad e inteligencia vinculados con esas prácticas continúan operando. La continuidad de sus estructuras, sus atribuciones y sus mecanismos de funcionamiento plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar que no se repitan las violaciones de derechos humanos denunciadas durante los años anteriores.

La cuestión es especialmente relevante porque una transición democrática no depende únicamente de quién ocupa la jefatura del Estado. También requiere transformar las instituciones que permiten el abuso de poder, establecer controles independientes y garantizar que las decisiones de las autoridades puedan ser cuestionadas sin temor a represalias.

Uno de los ámbitos donde esa continuidad resulta visible es internet. El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela anunció el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios digitales nacionales e internacionales. Sin embargo, el organismo no publicó una lista detallada de los sitios que quedarían habilitados.

Las mediciones de la organización civil VE sin Filtro mostraron que la medida tuvo un alcance limitado. De los 188 dominios incluidos en su registro, solo 71 recuperaron el acceso en al menos un proveedor de internet venezolano. Los otros 117, equivalentes al 62,2% del total, permanecieron completamente bloqueados.

Además, entre los dominios que volvieron a estar disponibles, solo 45 recuperaron el acceso a través de todos los proveedores evaluados. En consecuencia, 143 sitios conservaban algún tipo de restricción. Entre ellos figuraban portales informativos como Armando.info, El Nacional, La Patilla, NTN24, VPITV y EVTV, junto con páginas vinculadas a herramientas contra la censura, organizaciones políticas y entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

El desbloqueo parcial deja a los medios en una situación de incertidumbre. Aunque algunos portales recuperaron su disponibilidad, la persistencia de restricciones selectivas significa que otros continúan fuera del alcance de una parte de la población. También mantiene abierta la posibilidad de que las restricciones vuelvan a imponerse sobre sitios que ya habían sido habilitados.

La libertad de expresión requiere algo más que la autorización ocasional para acceder a determinadas páginas. Necesita reglas claras, garantías jurídicas y mecanismos que impidan que el Estado decida de manera discrecional qué información puede circular. Sin esas condiciones, la apertura digital permanece sujeta a la voluntad de las autoridades y no constituye una garantía estable para la ciudadanía.

El tercer frente de preocupación es el marco legal utilizado para restringir la disidencia. El 29 de septiembre, Rodríguez anunció que había solicitado a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. El texto de la iniciativa no había sido divulgado al momento de los cuestionamientos, lo que alimentó las dudas sobre su alcance.

Siete organizaciones de derechos humanos rechazaron la posibilidad de limitar los cambios a una reforma parcial y reclamaron la derogación completa de la norma. Argumentaron que su redacción contiene disposiciones incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos y que sus efectos van más allá del ámbito penal.

Según esas organizaciones, la ley también puede utilizarse para justificar sanciones administrativas, cierres de medios, bloqueos de sitios web, cancelaciones de partidos y restricciones a organizaciones de la sociedad civil. Las definiciones amplias y poco precisas sobre las conductas prohibidas permiten, según sus críticas, una interpretación discrecional por parte de las autoridades.

La diferencia entre reformar una ley y eliminarla no es menor. Una modificación parcial puede corregir algunos artículos sin alterar las facultades que permiten restringir derechos. Una derogación completa, en cambio, obligaría a revisar qué instrumentos jurídicos deben sustituirla y cómo garantizar que la protección frente a los discursos violentos no se convierta en una herramienta para silenciar la crítica política.

El debate forma parte de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para reconstruir el Estado de derecho. La existencia de normas que pueden emplearse para perseguir a opositores, periodistas o activistas genera incertidumbre incluso cuando no se aplican de manera constante. La posibilidad de una sanción puede inducir a la autocensura y reducir el espacio para la organización política y la denuncia pública.

El contexto venezolano agrega otra dimensión: el papel de Estados Unidos en el proceso de transición. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, el Gobierno interino de Rodríguez quedó bajo una relación de fuerte dependencia política con Washington. La cooperación entre ambos países abrió canales diplomáticos y económicos, pero también planteó interrogantes sobre las condiciones en que se desarrolla la reorganización institucional.

Rodríguez afirmó en septiembre que habrá elecciones cuando Venezuela esté preparada, sin establecer una fecha concreta. La falta de un calendario definido mantiene la incertidumbre sobre el momento en que la ciudadanía podrá elegir nuevas autoridades mediante un proceso competitivo y con garantías suficientes.

Para que una elección permita avanzar hacia la democratización, no basta con convocarla. Es necesario que existan condiciones para la participación de las distintas fuerzas políticas, libertad de prensa, garantías para los candidatos y observación independiente. También resulta fundamental que quienes compiten puedan organizarse y expresarse sin temor a represalias.

La transición venezolana se encuentra, por lo tanto, ante una prueba institucional que va más allá de los anuncios oficiales. Las excarcelaciones, la recuperación del acceso a algunos sitios y la revisión de determinadas normas pueden constituir pasos relevantes, pero su alcance depende de que estén acompañados por cambios verificables y permanentes.

La continuidad de estructuras de seguridad cuestionadas, los bloqueos digitales selectivos y la permanencia de instrumentos legales que restringen la disidencia muestran que el proceso sigue abierto. Los organismos internacionales y las organizaciones civiles reclaman que las reformas no se limiten a modificar la intensidad del control, sino que establezcan garantías capaces de impedir su utilización arbitraria.

El futuro democrático de Venezuela dependerá, en buena medida, de si las autoridades aceptan limitar las facultades del Estado y someterlas a controles efectivos. Una transición no se consolida únicamente cuando cambia el nombre de quien gobierna, sino cuando las instituciones dejan de depender de la voluntad del poder y comienzan a responder a reglas que protegen por igual a quienes lo apoyan y a quienes lo cuestionan.