La salud pública argentina atraviesa una crisis que ya no se limita a los titulares presupuestarios ni a las disputas entre tecnócratas: se mide en vidas, en alarmas epidemiológicas y en vacunas que no llegan. Un nuevo brote de sarampión, confirmado por autoridades sanitarias en las últimas semanas, ha encendido señales de alerta en hospitales, ONGs y organismos internacionales, justo cuando las campañas de inmunización infantiles enfrentan una parálisis sin precedentes.
La raíz del problema está en los recortes presupuestarios y la suspensión de programas clave impulsados por el gobierno nacional desde la asunción de Javier Milei. Según denuncias de expertos, médicas, trabajadoras sociales y referentes de la salud pública, el Ministerio de Salud ha congelado partidas destinadas a operativos de vacunación, generando una caída preocupante en la cobertura de esquemas básicos como sarampión, rubéola, poliomielitis y tuberculosis.
En paralelo, el brote de sarampión –una enfermedad que Argentina había logrado controlar desde hace más de una década– evidencia el riesgo de retrocesos epidemiológicos en el marco de una desinversión estructural. El sarampión es altamente contagioso y puede tener consecuencias graves, sobre todo en niñas y niños menores de cinco años. La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en marzo que América Latina enfrenta una amenaza regional por el descenso global en las tasas de inmunización postpandemia.
En este escenario, la interrupción de las campañas territoriales de vacunación –especialmente en zonas vulnerables– suma incertidumbre a una crisis sanitaria más amplia. Organizaciones como Médicos del Mundo, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Fundación Huésped han expresado su “profunda preocupación” por lo que consideran una “decisión política de abandono de las estrategias de cuidado comunitario”.
Mientras tanto, los hospitales públicos atraviesan un colapso presupuestario, con falta de insumos, recorte de horas extras y suspensión de servicios esenciales. Las salas de pediatría, históricamente sostenidas por campañas preventivas, se ven forzadas a actuar en modo reactivo: atender urgencias en lugar de evitarlas.
En declaraciones a medios internacionales, especialistas señalaron que el enfoque “libertario” aplicado al sistema sanitario está dejando a millones sin acceso a derechos básicos. “No se trata solo de vacunas: es la idea de que cada quien se salve como pueda. Pero en salud pública, nadie se salva solo”, declaró una médica del Hospital Gutiérrez.
En un país que alguna vez fue modelo regional en inmunización gratuita y obligatoria, el silencio ante el retorno de enfermedades prevenibles suena como un retroceso evitable. La pregunta que queda flotando es quién se hará responsable cuando lo evitable se vuelva irreversible.
