La vicepresidenta Victoria Villarruel aplaudió la decisión del Ministerio de Justicia de auditar las indemnizaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado, refiriéndose a las políticas de derechos humanos como un «curro».

Victoria Villarruel, vicepresidenta, expresó su apoyo y celebración ante la decisión del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, de llevar a cabo una auditoría exhaustiva de todas las indemnizaciones concedidas a víctimas del terrorismo de Estado. En su declaración, Villarruel denunció el uso político de las políticas de derechos humanos y calificó dichas acciones como un «curro».

El anuncio de la auditoría integral fue realizado por el ministro Cúneo Libarona, quien explicó que esta medida se adopta ante la detección de irregularidades en el proceso de tramitación, otorgamiento y pago de las indemnizaciones. La iniciativa surge a raíz del fallo de procesamiento en la causa Martínez Moreira, que reveló una serie de delitos relacionados con la obtención fraudulenta de beneficios económicos mediante la presentación de pruebas falsas en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y reclamos de indemnizaciones contempladas en las leyes de reparación.

En dicha causa, se identificó a Adrián Martínez Moreira como el organizador de una banda criminal dedicada a cometer estafas procesales y fraudes a la administración pública en relación con los casos de indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La confirmación del fallo por parte de la Cámara de Apelaciones en noviembre del año pasado impulsó la acción del Ministerio de Justicia para investigar a fondo estas irregularidades.

La decisión de auditar las indemnizaciones representa un paso importante hacia la transparencia y la justicia en el reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.