La situación de los jubilados en Argentina alcanza un nivel crítico, con historias de desesperación que reflejan el impacto de las políticas actuales sobre los sectores más vulnerables.
En un hecho que conmocionó a empleados y beneficiarios, un jubilado intentó prenderse fuego en una sede del PAMI como protesta por la quita de medicamentos esenciales. El incidente, que tuvo lugar este lunes en una oficina de la obra social en la ciudad de Buenos Aires, expone el drama cotidiano de miles de adultos mayores que enfrentan crecientes dificultades para acceder a tratamientos vitales.
El hombre, identificado como un beneficiario de más de 70 años, ingresó al edificio con un bidón de combustible y amenazó con inmolarse si no se resolvía su situación. Según testigos, estaba desesperado por no poder acceder a medicamentos que anteriormente estaban cubiertos por el PAMI. Afortunadamente, personal de seguridad logró intervenir y evitar una tragedia, pero las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron, generando indignación en redes sociales y un amplio repudio social.
La escena se enmarca en un contexto de ajuste en la obra social de los jubilados, donde se han registrado significativas reducciones en la cobertura de medicamentos y prestaciones. Estas medidas, justificadas por el Gobierno como parte de un plan de austeridad fiscal, han provocado que miles de adultos mayores deban elegir entre comprar alimentos o pagar tratamientos médicos esenciales.
Según informes recientes, las quejas y reclamos por parte de afiliados del PAMI se han incrementado en un 40% durante los últimos seis meses, con el acceso a medicamentos como uno de los principales motivos. Muchas familias denuncian que los jubilados están siendo abandonados a su suerte, con un sistema que no responde a sus necesidades básicas.
El incidente desató una ola de reacciones por parte de distintos sectores sociales y políticos. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de jubilados reclamaron medidas inmediatas para garantizar el acceso a medicamentos y prestaciones de salud. «Este caso es el síntoma de una problemática más profunda que afecta a miles de personas mayores en todo el país. Es urgente que el Gobierno tome medidas para evitar más tragedias como esta», expresó el representante de una ONG que trabaja con jubilados.
Desde el PAMI emitieron un breve comunicado lamentando lo ocurrido y aseguraron que se están tomando medidas para mejorar la atención y ampliar la cobertura. Sin embargo, muchos consideran insuficientes estas respuestas frente a una crisis que sigue profundizándose.
La dramática protesta de este jubilado pone en evidencia una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Mientras los sectores más vulnerables luchan por sobrevivir en un contexto de ajuste económico, las políticas de recorte se convierten en una amenaza directa para su dignidad y bienestar.
El caso reabre el debate sobre las prioridades del gasto público y la necesidad de garantizar que quienes más necesitan apoyo no sean los más perjudicados. En un país donde el envejecimiento poblacional es una realidad creciente, la atención a los jubilados no debería ser una carga, sino una obligación moral y un derecho inalienable.
