A horas del debate convocado para el jueves 15 de octubre, los bloques opositores calculaban reunir entre 119 y 123 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para abrir la sesión. La postura de diputados cercanos a gobernadores provinciales y la estrategia del oficialismo mantienen en suspenso el futuro del decreto desregulador de Javier Milei.

La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de alto voltaje político. La oposición busca reunir los votos necesarios para abrir el recinto y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, a pocas horas de la sesión prevista para el jueves 15 de octubre a las 14, las cuentas todavía no cierran.

El decreto, que introdujo una amplia desregulación de la economía y modificó numerosas normas, ya fue rechazado por el Senado en 2024. Para que la Cámara baja pueda tratar su derogación, primero necesita reunir un quórum de 129 diputados presentes. Ese es el primer obstáculo de una negociación atravesada por las diferencias entre los bloques, las decisiones de los gobernadores y la estrategia de La Libertad Avanza para evitar que el texto pierda vigencia.

Los cálculos difundidos durante la noche del miércoles ubicaban a la oposición entre 119 y 123 legisladores dispuestos a sentarse en sus bancas. La cifra más alta incluía a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y distintos bloques provinciales, además de representantes de Provincias Unidas y Argentina Federal.

Desde el oficialismo sostenían que a sus adversarios les faltaban al menos dos diputados para alcanzar el número necesario. En la oposición, en cambio, reconocían que todavía existían dudas sobre la asistencia de algunos legisladores y que el resultado dependía de negociaciones que podían extenderse hasta el inicio de la sesión.

El escenario deja una parte importante de la definición en manos de diputados que responden a gobernadores provinciales. Sus posiciones no son uniformes y, en algunos casos, dependen de negociaciones políticas que exceden el futuro del decreto.

Entre los nombres observados aparecen Gisela Scaglia y José Núñez, de Santa Fe, y Jorge Rizzotti, de Jujuy, vinculados con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir. También generaba incertidumbre la posición de Lourdes Arrieta, diputada por Mendoza.

En Córdoba, seis legisladores de Provincias Unidas anticipaban que darían quórum, pero no habían definido si acompañarían la derogación del DNU. El bloque mantiene diferencias sobre el alcance del decreto y sobre las consecuencias políticas de rechazarlo, especialmente después de los movimientos recientes del oficialismo en torno a la Ley de Tierras.

La discusión también involucra a diputados de Salta, Formosa, San Luis y Tucumán, cuyos posicionamientos se encuentran ligados a las definiciones de sus respectivos espacios provinciales. En ese contexto, las instrucciones de los gobernadores pueden resultar determinantes para saber si la oposición logra abrir el recinto.

La Libertad Avanza trabaja para impedirlo. La estrategia consiste en coordinar la ausencia de sus propios diputados y de sus aliados, de manera que la sesión fracase por falta de quórum. El oficialismo cuenta con el respaldo de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, aunque tampoco tiene garantizada la participación de todos sus socios.

El Movimiento de Integración y Desarrollo, encabezado en Diputados por Oscar Zago, ya había adelantado que no acompañaría la derogación del DNU. Su posición agrega un elemento más a una negociación en la que la presencia física en el recinto y el voto final representan decisiones distintas.

La disputa parlamentaria no se limita al decreto. La sesión convocada por la oposición también incluye el debate sobre la emergencia en discapacidad y propuestas relacionadas con el endeudamiento de las familias, dos cuestiones que atraviesan reclamos sociales y económicos.

En materia de discapacidad, los bloques opositores buscan sostener medidas de emergencia y garantizar respuestas para un sector que viene reclamando previsibilidad en las prestaciones y en el financiamiento. El oficialismo, por su parte, impulsó un texto alternativo que recupera algunos aspectos de la emergencia, pero introduce modificaciones que generaron diferencias incluso dentro del propio Gobierno.

El endeudamiento familiar también forma parte de la agenda. La oposición pretende discutir iniciativas para atender las dificultades de quienes acumulan obligaciones financieras que ya no pueden afrontar con sus ingresos. La propuesta oficialista se orienta, entre otras medidas, a reforzar la educación financiera y la información sobre los compromisos de crédito.

De esta manera, la jornada reúne tres discusiones diferentes: el alcance de la desregulación económica, la protección de las personas con discapacidad y la situación de los hogares endeudados. Aunque comparten el mismo escenario legislativo, cada tema tiene su propia negociación y no necesariamente contará con los mismos apoyos.

Mientras tanto, el oficialismo prepara una sesión propia para el 21 de octubre. En esa convocatoria busca tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento y otras propuestas impulsadas por sus aliados.

La iniciativa sobre propiedad privada también está vinculada con la controversia por la Ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El DNU 70/2023 había derogado disposiciones de esa norma, que limita determinadas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros. Ahora, La Libertad Avanza busca conservar ese marco legal mediante un proyecto legislativo, sin que eso implique necesariamente derogar el resto del decreto.

La estrategia se desarrolla además después de una decisión judicial relacionada con el artículo 154 del DNU, que modificaba la legislación sobre tierras. El fallo que suspendió la aplicación de esa disposición alteró parte de la discusión política y abrió una nueva instancia de negociación sobre el alcance del decreto.

La sesión del jueves coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades públicas. La movilización agrega presión social a una jornada en la que el Congreso deberá abordar, además del DNU, las demandas vinculadas con la educación superior.

La coincidencia no garantiza un resultado legislativo, pero muestra que la disputa por las políticas del Gobierno se desarrolla simultáneamente dentro y fuera del recinto. Mientras los diputados negocian el quórum y los votos, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios volverán a reclamar que se cumplan las obligaciones de financiamiento establecidas por ley.

El desenlace parlamentario sigue abierto. Si la oposición no reúne 129 presentes, la sesión no podrá comenzar y el decreto continuará vigente. Si consigue el quórum, todavía deberá reunir los votos necesarios para rechazarlo, en una votación condicionada por las posiciones de los bloques y por el alcance de las mayorías que exige el procedimiento.

El DNU 70/2023 vuelve así al centro de una disputa que excede una votación puntual. En juego están el alcance de las facultades presidenciales para modificar normas mediante decretos, el papel del Congreso en el control de esas decisiones y la capacidad de las fuerzas políticas para construir acuerdos. La sesión de Diputados pondrá a prueba esas relaciones, aunque la respuesta definitiva dependerá de lo que ocurra cuando se abran las puertas del recinto.