Escribe: Jordi Aguiar*

El gobierno de Javier Milei en Argentina ha implementado un programa de ajuste fiscal radical y recortes presupuestarios que ya está teniendo consecuencias humanitarias dramáticas. Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei paralizó obras públicas, disolvió organismos estatales y recortó gastos sociales en nombre de la austeridad. Sin embargo, estas medidas de “motosierra” económica –como él mismo las llama– están cobrando un alto costo en vidas humanas. Pacientes con enfermedades graves que se quedan sin medicamentos, víctimas de un escándalo de fármacos contaminados, jubilados sin acceso a remedios y crecientes accidentes fatales en rutas abandonadas son parte de este preocupante panorama. En este ensayo periodístico, exploramos cómo “los recortes deshumanizantes matan” bajo la administración Milei, aportando datos comparativos y testimonios que evidencian el impacto mortal de esta política de ajuste.

Una de las situaciones más crueles se vive en el ámbito sanitario, especialmente con los pacientes oncológicos. Apenas llegado al poder, Milei suspendió la entrega gratuita de medicamentos de alto costo para personas con cáncer y otras enfermedades graves. El nuevo gobierno denunció supuestas irregularidades en las compras de medicamentos de la anterior administración y frenó las provisiones mientras realizaba “auditorías”. Como resultado, tratamientos esenciales quedaron interrumpidos. Según denuncian organizaciones de pacientes y profesionales de la salud, más de 60 pacientes con cáncer fallecieron en 2024 por no recibir a tiempo sus medicamentos. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), lamentó que “la consecuencia clara de eso fue tener más de 60 fallecidos en el transcurso de 2024”, subrayando que muchos eran pacientes que tenían su enfermedad controlada y buena expectativa de vida antes de que se les quitara la medicación. En otras palabras, personas vulnerables perdieron la vida directamente a causa del recorte en la asistencia estatal.

Este escándalo tomó estado público internacional. En julio de 2025, la cadena alemana DW en Español difundió un reportaje sobre la interrupción de tratamientos oncológicos en Argentina, calificando de “crueldad” el accionar del gobierno libertariot. El informe de DW destacó que los enfermos de cáncer, junto con las mujeres y los pensionistas, “están sufriendo especialmente los recortes” de Milei. Casos individuales ponen rostro a la estadística: la cantante Araceli Julio, de 39 años, referente de la escena ska, murió en julio de 2025 tras luchar contra un cáncer de mama metastásico y denunciar que el Estado había dejado de proveerle la medicación que necesitaba para seguir con vida. Hasta la asunción de Milei, Araceli recibía dos ampollas cada 21 días (de cinco millones de pesos cada una) para su tratamiento, pero con el nuevo gobierno el suministro se cortó. Ella llevó su reclamo a la Justicia y obtuvo un fallo a favor, pero el Ministerio de Salud apeló y la entrega de las drogas se demoró tanto que, cuando finalmente llegaron, ya era demasiado tarde. Historias como la de Araceli se repiten en decenas de familias.

Lejos de rectificar el rumbo, el gobierno profundizó el desmantelamiento de estructuras sanitarias. En marzo de 2025 disolvió el Instituto Nacional del Cáncer (INC) –organismo dedicado a la política oncológica–, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud. Aunque las autoridades aseguraron que sus funciones continuarían, en la práctica se perdieron programas clave. Por ejemplo, el INC otorgaba opioides gratuitos para cuidados paliativos en todo el país; tras su cierre, ese suministro ceso. “Nos pega el cierre del INC”, explicó Federico López Ponsati, del Instituto Roffo, señalando que también se desmanteló un programa federal de formación en cuidados paliativos del que dependían muchos hospitales. Al mismo tiempo, los hospitales públicos sufren presupuestos congelados y fuga de profesionales por salarios devaluados, complicando aún más la atención de pacientes complejos.

Las consecuencias de estos ajustes en salud son letales. Organizaciones de pacientes oncológicos y ONGs presentaron recursos de amparo ante la Justicia para obligar al Estado a retomar la provisión de medicamentos. Un juez federal ordenó en diciembre de 2024 la entrega inmediata de los fármacos retenidos, reconociendo que las demoras “generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos. Pero en vez de acatar plenamente, el Gobierno de Milei apeló el fallo judicial e incluso cerró la dirección estatal (DADSE) encargada de estos medicamentos, reemplazándola por otra dependencia creada apresuradamente. Al apelar, la administración argumentó –insólitamente– que el Ministerio de Salud “no es el garante constitucional del derecho a la salud” y cuestionó la legitimidad de las asociaciones de pacientes para presentar amparos. Esta postura muestra un preocupante desinterés oficial por la vida de los enfermos, priorizando consideraciones burocráticas y de ajuste por sobre los derechos básicos.

Muertes por fentanilo contaminado: un escándalo sin responsables

Otro episodio trágico vinculado a la salud pública argentina bajo Milei es el caso del fentanilo contaminado. A mediados de 2025 salió a la luz que decenas de pacientes murieron en hospitales por recibir dosis de fentanilo –un opioide analgésico de uso intensivo y quirúrgico– que estaban contaminadas con bacterias peligrosas. El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó al menos 48 muertes por fentanilo clínico contaminado distribuidas en 11 centros de salud de distintas provincias. Los lotes contaminados, producidos por laboratorios locales (HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.), tenían presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp., causantes de infecciones invasivas mortales. La mayoría de las víctimas fueron pacientes mayores, internados por otras afecciones, que recibieron fentanilo durante cirugías o terapias intensivas sin saber que el medicamento estaba comprometido.

Este caso explosivo revela fallas graves en los controles sanitarios en el contexto de la desregulación y recortes. Fue un hospital de La Plata el primero en detectar que varios pacientes fallecidos habían desarrollado infecciones severas ligadas al fentanilo administrado, lo que inició la investigación formal Para mayo de 2025, el Ministerio de Salud admitió que al menos tres tandas (lotes) de fentanilo estaban “infectadas” y ordenó retirar del mercado todos los productos de la firma HLB . Sin embargo, la respuesta llegó tarde: ya se habían registrado decenas de muertes antes de que se prohibiera el uso de este fármaco el 13 de mayo. En el pico de la crisis, se contabilizaban 34 fallecidos y 54 pacientes con infecciones confirmadas, más otros 69 casos sospechosos relacionados con el fentanilo contaminado. Con el paso de las semanas, la cifra de víctimas fatales aumentó a por lo menos 48, según los reportes epidemiológicos oficiales.

Lo más alarmante es la ausencia de responsables por esta tragedia. Al día de hoy no hay detenidos ni autoridades sancionadas, pese a la evidente negligencia o ilícito en la cadena de producción y distribución del fármaco. La Justicia (juez federal Ernesto Kreplak) allanó cinco droguerías y las plantas de los laboratorios involucrados, secuestrando miles de ampollas y documentos. Pero la investigación avanza con lentitud. “Hasta el momento no se ha informado del resultado de los operativos… No hay detenidos por este caso”, reportó la agencia AP en pleno desarrollo de los allanamientos. Familiares de víctimas y medios críticos señalan que nadie en el Ministerio de Salud ha dado explicaciones convincentes sobre cómo un medicamento altamente regulado terminó causando una catástrofe así. La situación expone la fragilidad de los organismos de control sanitario tras los despidos masivos y recortes que también afectaron a entes reguladores. De hecho, gremios del sector denuncian que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos) fue parcialmente desmantelada bajo la gestión Milei, flexibilizando controles en nombre de la “desregulación del mercado”. No es casual que, como indican expertos, se hayan “liberado los controles y acuerdos de precios con las farmacéuticas” en esta etapa. El costo de ese laissez-faire en salud se mide ahora en vidas perdidas y confianza pública rota.

Jubilados: ajuste previsional y falta de medicamentos

Los adultos mayores constituyen otro sector particularmente golpeado por las políticas de Milei. En pocos meses, el nuevo gobierno impulsó cambios que resultaron en una brusca caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y en la restricción del acceso a medicamentos para los abuelos. En marzo de 2024, Milei modificó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria (que antes ajustaba trimestralmente según inflación y salarios), pasando a ajustes mensuales pero luego de haber congelado de facto los haberes por un trimestre. Esta maniobra –sumada a una devaluación masiva del peso en diciembre– “licuó” el valor de las jubilaciones en términos reales: en enero de 2024 el gasto en jubilaciones fue 38% menor interanual en términos reales. De hecho, con la devaluación de diciembre 2023, las jubilaciones mínimas perdieron alrededor de un 30% de su valor real en pocos meses, empujando a la mayoría de los jubilados por debajo de la línea de pobreza. A fines de 2024, la jubilación mínima con bonos de refuerzo incluidos apenas empataba el costo de la Canasta Básica de un adulto, y representaba apenas un tercio de la llamada “Canasta del Jubilado” calculada por la Defensoría de la Tercera Edad (que incluye vivienda y gastos médicos). En resumen, los jubilados vieron arruinada su calidad de vida, con haberes que ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas después de los ajustes.

Paralelamente, Milei avanzó con recortes en el PAMI, la obra social de los jubilados, afectando directamente su acceso a medicamentos. Hasta 2023, PAMI brindaba una amplia cobertura de remedios gratuitos a sus afiliados (con una lista de casi 3.000 presentaciones cubiertas al 100%). Pero a partir de diciembre de 2023, el gobierno limitó la cobertura del 100% sólo a jubilados de menores ingresos y redujo drásticamente el vademécum gratuito. En cuestión de meses, “la lista de casi 3.000 medicamentos cubiertos… se redujo a unos 2.000”, pasando de 167 principios activos cubiertos a solo 109. Es decir, se eliminó aproximadamente un tercio de los medicamentos que antes recibían gratuitamente los mayores. Además, PAMI redujo los descuentos en otros fármacos: muchos medicamentos que tenían 80% de descuento pasaron a tener solo 40%. Incluso se recortó de 6 a 5 la cantidad de cajas de medicamentos gratuitas a las que los afiliados podían acceder por mes. Todas estas medidas configuran un grave retroceso en los derechos y la calidad de vida de las personas mayores, según evaluó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Al mismo tiempo, tras la llegada de Milei se dispararon los precios de los medicamentos por la eliminación de controles de precios al sector farmacéutico. Entre diciembre de 2023 y fines de 2024, los medicamentos más usados por los jubilados aumentaron un 206,7% interanual, muy por encima de la ya altísima inflación general (193% en ese período). Algunos fármacos se encarecieron hasta un 259%. En otras palabras, justo cuando el PAMI cubre menos, los remedios cuestan mucho más. El resultado es dramático: miles de jubilados deben elegir entre comprar sus medicamentos o comer, y muchos directamente han dejado tratamientos por falta de recursos. Historias de abuelos que parten las pastillas a la mitad o toman sus dosis con menos frecuencia de la recetada se volvieron moneda corriente según relatan médicos de cabecera.

La prioridad fiscal del gobierno queda crudamente expuesta al comparar dos partidas clave: el pago de la deuda y las jubilaciones. Por primera vez en la historia reciente, el Estado argentino gasta más dinero en los intereses de la deuda pública que en el pago de jubilaciones. Esto ocurrió ya en enero de 2024: tras la devaluación, los intereses de bonos en dólares se dispararon medidos en pesos, mientras las jubilaciones se retrasaron, relegando a los adultos mayores en la asignación de recursos. “Por primera vez el Estado gastó más en intereses de la deuda que en jubilaciones”, señala un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, subrayando que ni siquiera en la crisis de 2001 se había visto algo así. Este dato sintetiza la orientación del ajuste: se prioriza cumplir con acreedores financieros incluso a costa de sacrificar el bienestar (y la vida) de los jubilados. Cabe recordar que Milei incluso vetó en 2024 una ley del Congreso que mejoraba las jubilaciones más bajas, argumentando falta de fondos, al mismo tiempo que destinaba sumas récord al pago de pasivos de la deuda externa. En palabras de la economista Luciana Glezer, “Milei veta la moratoria jubilatoria que cuesta 0,16% del PBI pero paga intereses de deuda por 4,8% del PBI”. Es una elección política clara: el ajuste recae sobre los más vulnerables, mientras las obligaciones financieras se vuelven intocables.

Rutas nacionales abandonadas: más accidentes y muertes evitables

Otro ámbito donde el ajuste de Milei está literalmente costando vidas es la infraestructura vial. La paralización de la obra pública tuvo un impacto inmediato en las rutas nacionales, muchas de las cuales quedaron sin mantenimiento. Ya desde su asunción, Javier Milei ordenó frenar todos los proyectos viales en curso. Durante 2024 la inversión en rutas se desplomó en torno a un 75%, según estimaciones de medios especializados, dejando tramos enteros de carreteras en situación calamitosa. En julio de 2025, el presidente fue más allá y mediante un decreto disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que durante 93 años se encargó de construir y conservar más de 40.000 km de rutas en el país. Sus funciones se repartieron entre otros ministerios con miras a una eventual privatización de la red vial. Más de 5.500 empleados de Vialidad quedaron en la calle de un plumazo. Los sindicatos del sector advirtieron que esta decisión extrema multiplica el riesgo de accidentes de tránsito letales, al quedar las rutas sin mantenimiento ni cobertura adecuada.

La realidad ya está confirmando esos temores. Desde diciembre de 2023 el gobierno nacional dejó de conservar las rutas nacionales, y por eso aumentaron los accidentes y también las muertes, alertó Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De hecho, trabajadores viales denuncian que el 60% de las rutas nacionales están en mal estado actualmente, y reportan un aumento de siniestros fatales en los últimos meses vinculado al deterioro vial. Los titulares de noticias locales hablan ya de “rutas de la muerte” para describir tramos peligrosos. Por ejemplo, en la Ruta Nacional 3 (provincia de Buenos Aires) se produjo en junio de 2025 un choque múltiple atribuido en parte a las malas condiciones: dejó 4 muertos y 16 heridos, generando reclamos contra el gobierno por haber frenado obras de repavimentación previstas. En el norte del país, la Ruta 34 y la Ruta 11 –dos arterias clave– sumaron al menos 60 muertes en 2024 en accidentes vinculados a sus pésimas condiciones, según denunciaron legisladores de la oposición. El senador Sergio Leavy, de Salta, presentó en julio de 2025 una denuncia penal contra Milei por “abandono de la obra pública”, acusándolo de responsable “civil y penal” de cada accidente y víctima en rutas nacionales bajo su mandato. “El abandono es criminal”, afirmó Leavy, detallando que el gobierno solo ejecutó el 54% del presupuesto de Vialidad en 2024 y dejó tramos enteros sin contratos de mantenimiento. El senador advirtió en mayo: “cada muerte será una condena impuesta por su abandono.

La situación llegó a tal punto que algunas provincias comenzaron a tomar medidas inusuales para visibilizar el problema y prevenir tragedias. En Santa Fe, el gobierno provincial instaló en julio de 2025 carteles gigantes de color rojo en los límites de ciertas carreteras, con la leyenda: “¡ATENCIÓN! Aquí empieza la ruta nacional… mantenida por el Estado Nacional”. El mensaje –colocado a la vera de rutas como la A012, que conecta tramos productivos– busca alertar a los conductores sobre el “estado calamitoso y de abandono, que pone en riesgo la vida de miles de personas a diario” en las vías bajo jurisdicción nacional. A la vez, señala claramente la responsabilidad del gobierno central por esas condiciones. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro explicó que pidió sin éxito a la Nación que le ceda esas rutas para arreglarlas con fondos provinciales, porque “muchos santafesinos ponen en riesgo sus vidas al transitarlas”. Mientras tanto, recomienda a la población que use rutas alternativas provinciales (mejor mantenidas) cuando sea posible. Estas iniciativas reflejan la desesperación de las autoridades locales ante un Estado nacional ausente en materia de seguridad vial.

Las estadísticas nacionales de siniestralidad ya eran graves de por sí, pero podrían empeorar. En 2024, Argentina registró más de 4.000 muertes por accidentes de tránsito, ubicándose entre los peores seis países del mundo en ese rubro (solo por detrás de naciones como Tailandia, Perú, India, Líbano y Malasia). Cabe destacar que esa cifra representó una mejora respecto de mediados de la década pasada –gracias al trabajo de la Agencia de Seguridad Vial creada en 2008, que logró reducir las muertes viales en un 30% respecto a niveles previos. Pero ahora, con la falta de mantenimiento y la posible disolución de la propia Agencia de Seguridad Vial (que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretende fusionar con otros organismos para ahorrar salarios, existe el riesgo cierto de un retroceso. Los avances logrados en materia de prevención de accidentes podrían esfumarse, y el costo se medirá en vidas perdidas en el pavimento. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”, advirtió Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato de Vialidad, tras enterarse del cierre del organismo. Sus palabras suenan menos a exageración retórica y más a una sombría profecía si nada cambia.

Conclusión

A un año y medio de iniciado, el experimento ultraliberal de Javier Milei exhibe su rostro más oscuro: el ajuste no es una abstracción contable, sino que tiene consecuencias reales y fatales sobre la población. La hipótesis de que “los recortes deshumanizantes matan” lamentablemente encuentra sustento en los hechos. Decenas de argentinos han perdido la vida: enfermos de cáncer que se quedaron sin sus medicamentos; pacientes que contrajeron infecciones mortales por fallas en el control de fármacos; jubilados que no pudieron costear sus remedios o cuyos tratamientos se discontinuaron; familias destrozadas por accidentes en rutas destruidas. Son muertes que, en muchos casos, podrían haberse evitado de haber primado la sensibilidad social sobre la ortodoxia fiscal.

Milei llegó al poder prometiendo dinamitar el “gasto inútil” y erradicar la corrupción, pero en el camino está dinamitando también las redes de contención que protegen la salud y la seguridad de los argentinos más vulnerables. Los datos comparativos ofrecen un panorama contundente: por primera vez el presupuesto destina más dinero a intereses de deuda que a jubilaciones; la lista de medicamentos gratuitos para mayores se achicó un 33; las muertes de pacientes oncológicos sin fármacos superan las 60 en un año; las víctimas de la negligencia con el fentanilo alcanzan casi medio centenar; y los siniestros viales fatales van en alza tras la paralización de obras, revirtiendo una tendencia de mejora de años anteriores. Cada número representa historias humanas truncadas.

Ante esta realidad, crece la preocupación y la resistencia en diversos frentes: organizaciones de pacientes, gremios, medios internacionales y gobiernos provinciales alzan la voz contra un modelo de ajuste que consideran inhumano. “El ajuste en salud enferma”, rezaba el cartel en la protesta de los médicos; “el abandono es criminal”, denuncian desde las provincias; “los recortes de Milei impactan dramáticamente en la salud de los argentinos”, advierte la prensa extranjera. La evidencia sugiere que no se trata de meras críticas ideológicas, sino de la constatación de daños irreparables. Si las políticas no se corrigen, el costo en vidas podría seguir aumentando.

En última instancia, un Estado que renuncia a cuidar a sus ciudadanos más frágiles –ya sean enfermos, ancianos o viajeros en una ruta– está faltando a su responsabilidad más básica. La experiencia de este período en Argentina ilustra vívidamente cómo las políticas de ajuste extremo pueden matar, ya sea por acción (al quitar prestaciones vitales) u omisión (al retirar la presencia del Estado donde hace falta). Contar estas historias y aportar una mirada panorámica sobre sus causas no es solo un ejercicio periodístico, sino un llamado de atención urgente: detrás de cada recorte presupuestario hay una persona de carne y hueso que puede pagar el precio más alto. Las cifras rojas del déficit no deberían saldarse con sangre.